Contraloría cuestiona inversiones del Consejo Superior para descongestión judicial
Cinco años después, y tras una inversión de $2.3 billones, todavía no existen resultados, especialmente en Valle, Atlántico, Santander y Antioquia.
Colombia
El plan de descongestión judicial que se había establecido para el periodo 2010-2015, no se cumplió por parte del Consejo Superior de la Judicatura a pesar de recibir $2.3 billones, advirtió la Contraloría General de la República.
Por esta situación se ordenó la apertura de indagaciones preliminares por $1.340 millones por dobles pagos de nómina, y recobro incapacidades en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial de Bucaramanga y Barranquilla.
A esto se suma un proceso de responsabilidad fiscal por $1.716 millones, correspondientes a prescripción de acciones de cobro, sumas liquidadas y pagadas en exceso por conceptos de nómina y pago de intereses por pagos laborales extemporáneos en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial de Medellín, Cali y Barranquilla.
Según la Contraloría se detectaron contratos terminados sin liquidar de vigencias anteriores al 2015 por $178.000 millones.
Para la Contraloría General de la República la gestión del Consejo Superior de la Judicatura presentó un concepto desfavorable en la vigencia del año anterior, pues persiste su incapacidad para ejecutar oportunamente los recursos de inversión entregados a la Rama Judicial, lo que se refleja en recortes de apropiación y constitución de reservas presupuestales.
2015.
En los Estados Financieros del Consejo a 31 de diciembre de 2015, la cuenta “Deudores No Tributarios” presenta un saldo de $20,5 billones, correspondientes a cuentas por cobrar.
El recaudo de multas para la vigencia 2015 fue de $5.616 millones, que comparado con la cartera depurada por prescripción de $5.5 billones solamente equivale al 0.1%, lo que deja clara evidencia de deficiencias en la gestión de jurisdicción coactiva de la entidad.
