Contraloría halló consultores “fantasmas” y gestión deficiente en Corporinoquia
Se evidenció la celebración de contratos de consultoría con Consorcios y Uniones Temporales por valor de $1.852.29 millones.
(Colprensa/Archivo)
Profesionales que supuestamente prestaron servicios en consultorías contratadas por Corporinoquia, certificaron a la Contraloría que no participaron en esas labores y nunca recibieron los pagos que aparecen a su nombre.
Consultores “fantasmas” encontró la Contraloría General de la República al revisar la contratación efectuada por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia –Corporinoquia, en desarrollo de una auditoría donde determinó nueve hallazgos con presunto alcance fiscal por $2.590 millones, 36 hallazgos con presunta connotación disciplinaria y 11 hallazgos con presunta incidencia penal.
El organismo de control calificó como desfavorable la gestión de la Corporación y consideró que no ha ejercido un control y seguimiento adecuado en los otorgamientos de permisos, licencias y concesiones ambientales, no hace cumplir las medidas de compensación que impone y no inicia los procesos sancionatorios en forma oportuna.
La Contraloría evidenció la celebración de contratos de consultoría con Consorcios y Uniones Temporales por valor de $1.852.29 millones, en los cuales dentro de la propuesta y ejecución se relacionaban profesionales con calidades especiales, que supuestamente les prestaban sus servicios.
Sin embargo, estos profesionales certificaron a la Contraloría que nunca participaron dentro de esas contrataciones, ni recibieron recursos provenientes de las mismas.
Esta situación se dio específicamente en cuatro contratos de consultoría, tres de 2013 y uno de 2014.
La auditoría concluyó que las consultorías no cumplieron con las condiciones técnicas pactadas. Por su naturaleza, en el contrato de consultoría la escogencia del contratista se hace en atención a sus conocimientos y experiencia en una específica área o actividad, sustentada en un equipo de trabajo con especiales calidades, lo cual no sucedió aquí.
En desarrollo de la auditoría adelantada por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, se solicitó certificación a los profesionales que, de acuerdo al informe y certificación expedida por el contratista y el informe de la interventoría, habían participado en la ejecución de los contratos.
La verificación cruzada permitió determinar que la mayoría de los profesionales no participaron en la ejecución de los contratos, ni recibieron recursos derivados de los mismos.
Por citar un ejemplo, en uno de los casos, la profesional propuesta como director de la consultoría le dijo a la Contraloría que no es la autora de la carta de compromiso donde aparece su nombre, y que la firma que aparece allí no es la suya.
“No participé desde ningún punto de vista en el contrato referido” y “no he recibido ningún recurso proveniente de dicho contrato”, aseguró.
Existe dentro del expediente del contrato un “Certificado del Equipo Profesional” suscrito el 30 de diciembre de 2015, por el representante legal del Consorcio A&A 1, en el cual se certifica el personal profesional que participó en la ejecución del contrato.
Se observan también los pagos efectuados por concepto de salud, pensión y cajas de compensación, así como los contratos suscritos con los profesionales, la liquidación de prestaciones sociales y paz y salvos debidamente firmados.
Como resultado de la verificación cruzada adelantada por la Contraloría, se encontró que de los seis profesionales relacionados, incluyendo al contratista, cinco No enviaron carta de compromiso, No participaron en la ejecución del contrato mencionado y No recibieron recursos derivados de la ejecución del contrato.
Según esto, los cinco profesionales no prestaron sus servicios profesionales en la ejecución de este contrato de consultoría, suscrito entre Corporinoquia y el Consorcio A&A.
Para la Contraloría, resulta evidente que no existió un adecuado ejercicio de las obligaciones asumidas por parte de la interventoría, en cuanto a la ejecución idónea y oportuna de los compromisos del contratista, al no verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas pactadas.
La situación anterior se configura como un hallazgo administrativo con presuntas incidencias disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de $221,64 millones, determinado por el valor del contrato de consultoría.
