La Constitución de 1991: encantos y lunares

Al menos unos 20 millones de colombianos (43% de la población actual) no habían nacido cuando se aprobó la Constitución Política de 1991 y una parte de ellos, hoy mayores de edad, han tenido la mayor aproximación a la Carta por una palabra mágica: tutela. Hace un cuarto de siglo, Colombia, un país con bajo de estado de ánimo por los golpes de la violencia que mató a una generación de líderes políticos que quería enterrar el pasado de violencia y estrechez de espacios democráticos –Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Rodrigo Lara, Bernardo Jaramillo, José Antequera—celebraba el nacimiento de un nuevo pacto político con un sueño: la convivencia pacífica.

Los 25 años tienen una relevancia especial por el momento que vive el país de cara a la paz. Unas Farc que hace 25 años se negaron a hacer parte de los grupos guerrilleros que redactaron la Constitución –M-19, PRT, Quintín Lame y EPL—están próximas a firmar unos acuerdos de paz dentro del marco de esa Constitución, entrar a hacer política sin armas y pelear por las reformas que aún no ha desarrollado la norma superior de 1991. Con una paradoja: uno de los que recibió el rechazo de las Farc de “Tirofijo”, en ese entonces ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, es hoy el líder del equipo negociador que tiene a las Farc con Timochenko con un pie en la política.

Los expertos en temas constitucionales no se han puesto de acuerdo sobre las bondades de la Constitución. Ni se pondrán. Algunos la miran con recelo por su extensión y, por tanto, por reglamentarista, pero otros creen que pese a ello es mejor que la de 1886. Lo cierto es que cada una obedeció a un momento histórico y fue redactada por hombres con ideas e intereses diferentes que se impusieron por mayorías y por eso nunca será un texto ideal. Pero en lo que sí no cabe duda es que dejó atrás unas reglas de juego democrático poco funcionales para un país que pese a la violencia estaba en un proceso de avance y desarrollo.

Quienes pensaron que la Constitución que lideró el presidente César Gaviria sería un pacto para la convivencia paz, se equivocaron porque luego de promulgada se produjeron las peores masacres cometidas por paramilitares –Mapiripán, El Aro, El Salado—y guerrilleros –Bojayá, Miraflores, El Nogal— que se negaron a reconocer las normas del Estado de Derecho que rige el marco general de la Carta frente a un Estado que resultó incapaz de tomar unas acciones integrales para combatirlos.

Sin embargo, hoy la gente en Colombia siente más cercana la Constitución de la tutela y de la Corte Constitucional que la vieja del estado de sitio y del bipartidismo excluyente. Más de 6 millones de tutelas falladas hablan bien de una herramienta para hacer valer los derechos básicos de la gente mientras que las decisiones de los magistrados de la Corte han hecho la tarea que el Congreso se ha negado en asuntos de derechos de minorías sexuales, aborto y muerte digna y han obligado al Estado a proteger las víctimas o a proteger el medio ambiente.

Pero también ha sido una Constitución manoseada con reformas como la reelección presidencial que causó un gran desequilibrio de poderes y poco efectiva en lo político, sobre todo por las contrarreformas. Hoy hay más partidos que antes de 1991, pero cantidad no es calidad ni democracia. No se ha logrado imponer las listas cerradas para la elección de Congreso y concejos, la financiación estatal de las campañas es tímida y en lo local los dueños de los alcaldes son los contratistas que financian sus campañas, con todas las secuelas de corrupción que ello implica.

La otra gran deuda de la Constitución está en materia de justicia. La independencia de la rama no ha representado mejora en la calidad de este servicio. Los problemas siguen siendo manifiestos desde las altas cortes por la politización que introdujo la facultad electoral –Fiscal, contralor y magistrados-, las puertas giratorias, el clientelismo judicial, casos de corrupción en tribunales como el Consejo de la Judicatura y el abuso en el manejo de organismos de control como la Procuraduría y la Fiscalía. Con una agravante: las cortes, a diferencia del Congreso, no acepta los clamores de la opinión y se resiste a aceptar las reformas como está pasando con las demandas al equilibrio de poderes que tienen al borde del hundimiento al Tribunal de Aforados que se creó para juzgar, entre otros, a los altos magistrados.