Desequilibrio de poderes

La Corte Constitucional acaba de darle un primer golpe a la reforma de equilibrio de poderes de 2015 que buscaba enterrar la reelección presidencial y simultáneamente hacer ajustes a la estructura de la justicia tras los escándalos y cuestionamientos sobre la politización en las altas cortes.

Esta vez la Constitucional no es la Corte del aplauso que reconoce los derechos a las minorías sexuales o de los enfermos terminales, sino la del silbido porque revive una de las instituciones que más le hizo daño a la propia institucionalidad de la justicia. En efecto, entierra el Consejo de Gobierno Judicial –que no había empezado bien por la forma poco clara como se eligió a uno de sus integrantes— y revive la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que es una poderosa gerencia con una chequera de cerca de 3 billones de pesos.

Ha dicho la Corte que en este caso, con la creación del Consejo de Gobierno se viola la autonomía que la Constitución le dio a esa rama del poder, se crea un esquema de interferencias internas y externas en la integración del nuevo órgano y “torna inviable el autogobierno judicial". Esta es la interpretación de unos magistrados que gozan de la admiración de los colombianos por sus liberales decisiones en materia de derechos cuando el Congreso o el Gobierno no han cumplido con sus obligaciones.

Pero la lectura desde afuera es otra y deja mal parada a la Corte, como lo dijo en Hora 20 el ex congresista Miguel Gómez y lamentable como lo destacó el director de Dejusticia, César Rodríguez, porque es un retroceso en la búsqueda de la verdadera independencia y eficacia de un servicio que hoy es sinónimo de congestión, corrupción y politización.

En el fondo, el mensaje que han percibido los expertos y analistas es que se trata de un fallo corporativista en favor de un sector, el judicial, que se resiste a las reformas, que se considera intocable y que termina por darles la razón a quienes ven en una asamblea constituyente la única alternativa para solucionar los problemas estructurales del Estado o para darle legitimidad a los acuerdos de paz. Por cuenta de decisiones como esta y los fallos que sobre la misma reforma deben conocerse en un par de meses, de mantenerse esa línea, la Corte termina dándoles la razón a polos opuestos que reclaman una constituyente, al uribismo y a “Timochenko”. Si el próximo fallo entierra a la Comisión de Aforados y revive la impopular Comisión de Acusación de la Cámara, el camino diferente al del Congreso terminará tomando más fuerza.