Denuncian proyecto de ley para ampliar el periodo a las directoras administrativas de Senado y Cámara
El texto está en el último punto del orden del día de la comisión Primera de la Cámara y contaría con el respaldo de cinco partidos.
Se trataría del proyecto de Ley 205 de 2016 que en su primer artículo aumentó de dos a cuatro años el periodo de la directora administrativa de la Cámara y de la directora general administrativa del Senado.
El texto incluye un parágrafo que dice que las hoy titulares de esos cargos, Gloria Inés Raigosa y Astrid Salamanca, serían las primeras beneficiarias de esta modificación del periodo.
Samuel Garzón, funcionario de la Cámara, aseguró que este proyecto es inconstitucional porque está diseñado para favorecer a dos funcionarias, quienes después podrían buscar su reelección.
"Están legislando para dos señoras, tratando de favorecerlas y desde luego alargarles el periodo a ellas con la posibilidad de que entonces se reelijan por cuatro años más, es decir quieren una chanfita todo a partir de un proyecto de ley que es maquiavélico y perverso y que está siendo tramitado en la comisión Primera de la Cámara".
Según Garzón, resulta inexplicable que en el caso de la directora administrativa de Cámara se busque la permanencia en el cargo "de una funcionaria que ha sido abiertamente negligente, inepta y que tiene actualmente en su contra procesos al interior de la Fiscalía y de la Procuraduría siga en ese cargo. Eso si me parece bastante grave para el normal desarrollo de las actividades administrativas de la Cámara de Representantes".
La directora administrativa del Senado le aseguró a Caracol Radio que no había tenido ninguna incidencia en la presentación de este proyecto de ley que calificó de "inconveniente y políticamente incorrecto".
Voceros de la señora Raigosa aseguran que ella no tiene ninguna incidencia en el trámite de ese proyecto de ley y prefirieron que la vocería y defensa del mismo la asuma el presidente de la comisión Primera de la Cámara, Miguel Pinto.
Aseguran que detrás de estos señalamientos hay una persecución de Garzón, actual operador de sistemas de la subsecretaria general de la Cámara, a quien la directora administrativa denunció por usurpación de funciones, extralimitación de funciones, calumnia, injuria y omisión de denuncia, luego de que éste interpusiera un derecho de petición para solicitar información sobre unos contratos que le generaban sospecha.
Garzón entregó a Caracol copia del archivo de esta denuncia por parte de la Fiscalía, que en su decisión resaltó la valentía del funcionario al enviar el derecho de petición.
“La única persona que tuvo el valor de hacer la consulta sobre posibles irregularidades en la Cámara de Representantes fue él, pese a que todos lo rumoraban”, precisa la Fiscalía en el escrito en el que ordena el archivo de la denuncia.
El proyecto de Ley 205 cuenta con el respaldo de Germán Navas, del Polo; Berner Zambrano, de La U; Miguel Pinto, del partido Liberal; Heriberto Sanabria, conservador, y Jorge Enrique Rozo, de Cambio Radical por Cundinamarca.
