Ministerio de Educación hace acuerdo para defender el programa de alimentación escolar

El pasado 18 de abril, el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, socializó con la ministra de Educación Nacional, Gina Parody, el informe de resultados de la Actuación Especial No. 83 de 2015, que se llevó a cabo en los siete departamentos de la Costa Caribe.

A partir de lo reflejado en el informe, se acordó articular acciones con el fin de garantizar el efectivo seguimiento, vigilancia y control a la operación del Programa de Alimentación Escolar en todo el país.

Es pertinente aclarar que con fundamento en las reglamentaciones expedidas por el Ministerio de Educación Nacional, la ejecución del programa debería tener cambios favorables, en cuanto a la responsabilidad de cada uno de los actores que intervienen en su operación; así quedó establecido en el Decreto 1852 del 16 de septiembre de 2015 y la Resolución 16432 del 2 de octubre de 2015, expedidas por la ministra de Educación Nacional.

En el mes de enero de este año, con fundamento en las directrices contenidas en el Decreto 1852 del 2015 y la Resolución 16432 del 2015, la Ministra de Educación Nacional, formaliza denuncia ante el Contralor General de la República, para adelantar las investigaciones correspondientes, a los recursos transferidos al Departamento del Cesar y al Municipio de Valledupar, por presuntas irregularidades en los procesos contractuales que se efectuaron para la prestación del servicio de alimentación escolar, toda vez que en ambas entidades territoriales, se contrató con la Fundación Acción Social Integral –ACSI-, anteriormente denominada Fundación Kábala, entidad que el MEN había censurado en otros departamentos del país por incumplimientos en la ejecución del programa.

Se ha concertado con los otros organismos de control, Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación, así como con el Ministerio de Educación Nacional, un trabajo conjunto para detectar posibles irregularidades en la contratación que está en curso en el país; igualmente, evidenciar si los procedimientos de selección de contratista (operador) adelantados por las entidades territoriales bien trátese de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía o mediante subasta inversa, apuntan a la escogencia de la oferta más favorable para la entidad y para los fines que esta persigue, esto es, el interés público en términos de eficiencia y economía, propendiendo por la participación de pluralidad de oferentes, evitando así los procesos hechos a la medida, y garantizando la debida planeación, estimación de costos, estudios y análisis que soporten el valor estimado de la contratación y que efectivamente correspondan a la realidad del mercado, cuyo incumplimiento podría generar posibles incidencias fiscales, disciplinarias y penales.

En virtud, de lo expedido por el Ministerio de Educación, es responsabilidad de los Secretarios de Educación, los rectores de las instituciones educativas y de los miembros del Comité PAE (Programa de administración escolar), ejercer una debida supervisión y seguimiento a los recursos del programa.