Defensor del puesto

Colombia

La Defensoría del Pueblo es una de las entidades que más tareas tiene por hacer en el país en materia de derechos, no solo por la violación constante del respeto a la vida y a la dignidad de los habitantes de las poblaciones rurales vulnerables donde el conflicto interno es agudo, sino además porque la gente en general debe acudir al amparo para que le respeten el derecho a la salud o a los servicios públicos, entre muchos otros.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo –que de tiempo atrás se sabe es una entidad burocratizada y politizada por cuenta del origen del cargo— pasa hoy por un momento crítico por las revelaciones del periodista Daniel Coronell con base en las denuncias de una ex funcionaria cercana al defensor Jorge Armando Otálora.

Ya no solo se le acusa de acoso laboral, como se reveló hace algunos meses, sino de acoso sexual, según el testimonio y las pruebas que dice tener la ex secretaria privada del despacho y otras más de otras personas que habrían sido víctimas de presiones del alto funcionario.

“Nuestra relación fue de mutuo acuerdo” ha dicho a los medios del defensor Otálora –hombre de extracción humilde con reconocida trayectoria profesional—mientras que su ex secretaria privada sostiene que no hubo tal y que aquel se ampara en esa afirmación para ocultar “los abusos, el ultraje, el miedo y la manipulación” de su ex jefe.

Casos como este que denuncia la abogada Astrid Helena Cristancho lamentablemente no pasan del escándalo mediático. Aún no se sabe en qué está la denuncia de una periodista contra Tomás Concha, un alto asesor de la Casa de Nariño en 2011, por abuso sexual.

La decisión de archivo del caso por una juez, fue revocada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2013. Curiosamente, como en el caso de Otálora, Concha estaba al frente de derechos humanos en la Presidencia y expuso los mismos argumentos del Defensor: se trató de una relación consentida. Y aún está por verse en qué quedará la denuncia, también por acoso sexual, contra el director de la Policía por parte de un subalterno que denunció presiones por haber hecho público ese hecho.La situación para Otálora es complicada por su investidura.

Aunque será la justicia la que deba determinar quién dice la verdad, es difícil que la sociedad acepte que el defensor haga uso de su cargo para incurrir en abusos laborales o sexuales siendo él la cabeza principal de la protección de los derechos de la gente. En las redes sociales han salido a pedir por medio de la etiqueta que #RenuncieOtálora” y una petición en el mismo sentido han hechos las organizaciones de mujeres y varias congresistas.

Tal vez Otálora, que es funcionario de período fijo, no lo hará con el argumento de que se trata de un asunto personal, como ya lo dijo este domingo. Pero su argumento es pobre porque olvida que los servidores del Estado están expuestos al escrutinio público y que esa relación de la que él habla –si existió—no se dio en un club social sino en su despacho.

Pero si renunciara, no pasaría de ser un gesto para aplacar la indignación, porque el problema del abuso de poder seguirá en las entidades públicas donde la gente prefiere callar para no perder el puesto o el contrato de prestación de servicios.