Empresa de Agua de Magangué demandó a la alcaldía por 1.500 millones de pesos

Bolívar

En la reciente reunión del Comité de Vigilancia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, se hizo un importante anuncio, favorable al municipio, que garantizará la continuidad de este régimen financiero de fortalecimiento económico.

La empresa Aquaseo, operador privado del servicio de acueducto y alcantarillado en Magangué, presentó semanas atrás una demanda contra la Administración Municipal, por un supuesto incumplimiento de este acuerdo.

“La gravedad de la demanda no puede minimizarse puesto que de prosperar en el seno de este organismo, habría significado la caída del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos y con ella habría sobrevenido una muy complicada situación financiera para el municipio”, explicó el Alcalde de Magangué, Marcelo Torres Benavides.

Finalmente, los funcionarios competentes, tras un detenido análisis de la situación, decidieron rechazar de forma unánime la demanda instaurada por esta compañía.

En el encuentro participaron el Promotor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; una asesora de la Dirección de Apoyo Fiscal de esta cartera ministerial; voceros de los 4 grupos de acreedores del municipio; representantes de la Fiducia; y, por supuesto, el primer mandatario local, Secretario de Hacienda, Jefe de la Oficina Jurídica, Director Financiero y Contador Municipal.

La demanda de Aquaseo se basaba en su reclamación de mil 500 millones de pesos que le adeuda el municipio. Esa deuda se originó en una conciliación celebrada entre esta empresa y la Gobernación de Bolívar y ratificada en segunda instancia por sentencia del Tribunal Administrativo del Departamento.

Tal conciliación se realizó durante el lapso en el cual Magangué estuvo descertificado en materia de agua potable y saneamiento básico y cuando, por tal razón, la competencia sobre la administración de sus recursos y la representación legal del municipio en esa área la ejercía el ente departamental.

Torres Benavides aseguró, que la Administración Municipal, en todo momento ha reconocido la obligación por cuanto la genera un mandato judicial.

“Hicimos una oferta de pago a Aquaseo, la cual fue rechazada por sus directivos, quienes exigieron que el municipio pagara según la conveniencia particular de esta empresa privada. En este punto, precisamos que existe la obligación de cancelar dicha deuda, pero no de someterse a un plan de pago especifico dictado por esta empresa”, sostuvo el timonel de los magangueleños.

De igual manera, aseveró que si la propuesta no fue aceptada, quien debe entonces someterse a las reglas de pago que rigen el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del municipio, es el operador privado del servicio de acueducto y alcantarillado.

“Sin duda, es un acto inamistoso que todos debemos tener en cuenta; máxime cuando la Administración había realizado el esfuerzo, administrativo y financiero, de adelantar un proceso de concertación con Aquaseo durante casi año y medio”, dijo el burgomaestre.

El Alcalde explicó las discrepancias existentes con el operador, las cuales iniciaron en el mes de enero de 2012, cuando al tomar posesión del cargo como primera autoridad del municipio, solicitó ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, una investigación sobre el desempeño de esta empresa.

“Me basaba en las innumerables y continuas quejas de la ciudadanía y planteamos ante todas las instancias del Estado colombiano el derecho de Magangué a consumir agua potable puesto que la que estaba recibiendo no era apta para consumo humano; que la prestación del servicio distaba mucho de ser satisfactorio porque no era continuo sino cada tercer día en el mejor de los casos, y que amplios sectores del área urbana simplemente nunca recibían el suministro del vital líquido”, precisó Torres Benavides.

Fue hasta finales del mes de mayo en 2013, que se pronunció la Superservicios, con una multa impuesta a esta empresa e indicándole que debía mejorar la calidad del agua, procurar la continuidad del servicio y colocar macro y micromedidores, quedando patente que los reclamos de la población y de la Administración tenían fundamento y se justificaban plenamente.

El problema principal residía en que, por una decisión tan absurda como injustificable de la Administración anterior, un otrosí al contrato había suspendido la crucial obligación del operador Aquaseo de realizar inversiones hasta nueva orden.

La cuestión se planteaba entonces en los términos de modificar el contrato suprimiendo este otrosí o de terminar el contrato y cambiar de operador.

Fue entonces cuando el Alcalde de Magangué y el gerente de Servimag se entrevistaron con miembros de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), quienes aclararon que el Gobierno de Antioquía había decidido que esta compañía debía concentrarse más en su propio departamento y no invertir fuera del mismo.

“Mejor recepción tuvimos en la Administración del Distrito Especial de Bogotá, el Gobierno de Gustavo Petro, ya que el mismo gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, por instrucción del Alcalde mayor de la capital, manifestó su disposición de colaborarnos. Pero poco tiempo después, se produjo la destitución del burgomaestre y cuando al fin, meses después volvió a ser restituido en su cargo, ya otras dinámicas se habían puesto en manifiesto en nuestro municipio”, explicó el primer mandatario local.

Las distintas instancias del Estado demostraron una actitud abiertamente contraria a la perspectiva de terminar el contrato con Aquaseo y reemplazarlo por un nuevo operador.

La Procuraduría Delegada para los Entes Territoriales conminó al municipio, hacia agosto de 2013, que se embarcara en un proceso de concertación mediante negociaciones con el operador Aquaseo, que comenzó en octubre de ese mismo año.

Obstruida la posibilidad de cambiar de operador, la Administración Municipal se concentró en el objetivo de reestructurar el contrato de Operación con Inversión y en particular, tanto en lograr que Aquaseo reconociera que este gobierno estaba aportando el costo medio de inversión como un componente cierto en la tarifa del servicio, así como en buscar un acuerdo alrededor del problema del monto de los subsidios.

En el curso de esas negociaciones, el operador se ha opuesto de modo intransigente tanto a lo primero como a lo segundo. A pesar de que la Fundación Prosperar, la asesoría contratada por el municipio para el efecto, demostró con las mismas cifras suministradas por esta empresa, que estaba aportando al valor de la tarifa pagada por los usuarios el costo medio de inversión.

En cuanto al problema de los subsidios a los usuarios, las diferencias con Aquaseo, radican en que el operador se ha negado a modificar su práctica de facturar a todos los consumidores sobre la base de 20 metros cúbicos de agua al mes.

La Administración Municipal por el contrario, ha exigido que se modifique precisamente el contrato con esta empresa, sobre la base de que debe cumplir con su obligación de instalar micromedidores del agua consumida a los usuarios del servicio, obligación que hasta la fecha no ha cumplido.

“Objetamos la facturación de Aquaseo de 20 metros cúbicos de consumo por cada usuario no sólo porque ese volumen de consumo se ha fijado arbitrariamente, sin una medición real, sino porque tal volumen de consumo corresponde a grandes centros urbanos donde el servicio de agua es continuo, cosa que está muy lejos del suministro racionado, con interrupciones, que presta el operador”, manifestó el mandatario.

Según el Alcalde, esta compañía es consciente de que el volumen de consumo por usuario fijado en 20 metros cúbicos no es real, y efectivamente lo que le está cobrando a los ciudadanos son 15 metros. Sin embargo, a quien sí le factura la primera medida es al municipio, con el propósito de aumentar el monto de los subsidios que este gobierno debe pagarle a dicha empresa, lo cual, resulta lesivo para las finanzas públicas.

Así las cosas, a mediados de marzo de este año, luego de un largo período de conversaciones, las negociaciones entre la Administración Municipal y Aquaseo terminaron sin acuerdo entre las partes.

“De manera que hemos transitado la ruta de la tentativa de concertación que nos prescribiera la Procuraduría General de la Nación sin que nos llevara a buen puerto, pues la única salida que ofrece Aquaseo es mantener el contrato en las nocivas condiciones que lo encontramos, lo que resulta inadmisible para este gobierno”, expresó el burgomaestre.

Al finalizar la reunión realizada el pasado viernes, el Comité de Vigilancia decidió no convocar a la Asamblea de Acreedores para analizar la permanencia o caída del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.

“Es de destacar lo acordado por este importante organismo, donde tienen asiento funcionarios de Minhacienda y voceros del conjunto de acreedores, sobre la seriedad y responsabilidad con que esta Administración ha manejado las finanzas públicas, y la confianza que les suscita el manejo de la deuda del municipio”, acotó el primer mandatario local.