Involucrados en ‘Cartel de Vigilancia’ se quedarían con contratos de la UNP

La Unidad Nacional de Protección adjudicará este viernes dos procesos licitatorios para el suministro del servicio de alquiler de vehículos blindados y convencionales, donde participan dos empresas con altas probabilidades de ganar, en las que sus socios están implicados en el denominado ‘Cartel de la Vigilancia’

Según confirmó en Caracol Radio el director de la UNP, Diego Mora, los contratos corresponden, en primer lugar, al arrendamiento de vehículos blindados por un valor de más de $212.000 millones de pesos, así como uno adicional para el arrendamiento de vehículos convencionales por más de $64.000 millones de pesos

Se trata de las compañías Secutiry Rent Ltda., que de acuerdo con el registro de Cámara de Comercio, aparecen como socias capitalistas, Angélica María Moreno Cuellar y María Aurora Moreno Ojeda y Car Rent Colombia SAS, en la que Angélica María figura como representante legal suplente

Estas dos personas aparecen implicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y están siendo investigadas por la Fiscalía, por la presunta participación en un cartel de empresas de vigilancia privada, que engañar al Estado en los procesos licitatorios

Además son familiares de Jorge Arturo Moreno Ojeada, quien para la Fiscalía y la SIC, corresponde a la cabeza de toda la operación

Pese a la investigación no tiene inhabilidades y pueden seguir licitando con el EstadoAunque la Fiscalía y la Superintendencia de Comercio revelaron los detalles del ‘Cartel de la Vigilancia’ desde el pasado 28 de enero, a la fecha no hay sanciones ni condenas contra las 8 empresas o las 32 personas implicadas, por lo que pueden continuar participando de licitaciones y contrataciones con el Estado

Al respecto, el director de la Unidad aseguró en Caracol Radio que el proceso de licitación se adelanta de forma transparente, con el acompañamiento de la Procuraduría y que se realizaron las verificaciones determinando que no existe ninguna inhabilidad

Explicó que para que no pudieran participar del proceso sería necesario que “la Superintendencia de Vigilancia hubiera cancelado la licencia de funcionamiento de estas empresas o que exista alguna caducidad o incumplimiento en la ejecución de algún contrato con cualquier otra empresa del Estado”

Precisó que en el certificado de Cámara y Comercio “aparecen dos personas de apellido Moreno, que no presentan ningún tipo de inhabilidad para presentarse ni contratar con el estado, por lo que debemos ser respetuosos del ordenamiento”, pese a los señalamientos y los vínculos con Jorge Moreno

El director de la Unidad, lamentó que el proceso de licitación se pueda ver empañado por esta situación, teniendo en cuenta que se buscaba mejorar el proceso, al cambiar el modelo de contratación directa de estos servicios a licitación para brindar mayor transparencia

Destaca además que el proceso de licitación permitirá “mejorar la calidad del servicio de todos los protegidos y reducir los costos de operación para la Unidad”, según las previsiones, representará un ahorro para el Estado cercano a los $40.000 millones de pesos.