La Fiscalía apeló libertad de funcionarias implicadas en Chuzadas
Un juez se abstuvo de dictarles medida de aseguramiento por cinco delitos. Las implicadas trabajaban en la Contraloría.
Mónica Esperanza Cano Bedoya y Edith Rocío González, funcionarias de la Contraloría durante la administración de Sandra Morelli, son investigadas por los delitos de prevaricato por acción, abuso de función pública, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y falsedad en documento público, tras hallarlas responsables de los seguimientos ilegales a magistrados y congresistas, en supuestos procesos de control fiscal cuando no tenían atribuciones para ello
La Fiscalía les imputó cargos y pidió a un juez medida de aseguramiento, última petición que el juez no dio crédito y al contrario las dejó en libertad. De inmediato el fiscal del caso apeló la decisión tras señalar que el jefe del juzgado no hizo una lectura detallada y objetiva de las pruebas presentadas y que explicaban la necesidad de la medida de aseguramiento
“Desconoció la orden de su superior de motivar con argumentos la decisión, toda vez que no se dio una lectura objetiva y detallada a los elementos materiales probatorios expuestos, los cuales demuestran la necesidad y urgencia de la medida de aseguramiento a las funcionarias con la cual deben ser cobijadas por la gravedad de los delitos que afectan el patrimonio del Estado”, dijo el funcionario. El fiscal de la investigación indicó que la experiencia de las funcionarias, más de 14 años en la Contraloría, les permitía entender hasta dónde llegaban sus funciones.
