La Contraloría se trasladaría a antigua sede de Estupefacientes
El Gobierno ofreció esta alternativa para que no suspenda sus servicios el 31 de diciembre.
Frente a la advertencia de la Contraloría General de la República de la suspensión de sus servicio a partir del 1 de enero del próximo 2015, luego de no llegar a un acuerdo con los propietarios del inmueble donde opera la entidad, el Gobierno le ofreció una serie de alternativas, entre ellos la antigua sede de la Dirección Nacional de Estupefacientes para que continúe con su funcionamiento
Según explicó el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, la decisión se tomó luego de que el contralor, Edgardo Maya, le reportó directamente al presidente Juan Manuel Santos la falta de un arreglo con la empresa Proyectos y Desarrollos Uno S.A
Lo anterior, “coloca en una situación realmente critica el funcionamiento de la Contraloría a partir del primero de enero de 2015”
El Gobierno ofreció frente a la situación, la antigua sede de la Dirección Nacional de Estupefacientes, donde se había programado el traslado del ministerio de Justicia, junto con otras alternativas que deberá ahora considerar el contralor Maya
“En el Gobierno y siguiendo precisas instrucciones del presidente Santos, nos hemos puesto a la tarea de identificar alternativas que puedan resolver con sentido de oportunidad las necesidades de la Contraloría desde el punto de vista de su ubicación”, confirmó Martínez
A través del ministerio de Justicia y algunas otras entidades del Estado se realizó un inventario inicial de sedes que se pusieron en conocimiento del contralor Maya, “con la idea de que pueda resolver este impase con carácter temporal, mientras se puede solventar la situación de manera definitiva”
Dentro de los inmuebles que se lograron identificar “hay varios de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, no todos ellos tienen la capacidad, aunque el viejo edificio de la Calle 53 con Carrera 13”, que se tenía previsto para el ministerio de Justicia
Reconoce el ministro Martínez que “no es suficiente”, pero señala que podría ser una fórmula de solución temporal, para no afectar los servicios que presta la entidad mientras se define el futuro de la ubicación de la Contraloría.
