El viacrucis de la inasistencia alimentaria

Hay tres condiciones para denunciar por alimentos: que realmente exista parentesco entre la víctima y el investigado; que el menor tenga la necesidad, económica y sentimental, y el último, que el investigado tenga cómo pagar una cuota

Hace dos años en Bogotá se creó en la Fiscalía una unidad que se encargaría de tiempo completo de investigar los casos de inasistencia alimentaria, 57 fiscales se encargan en promedio de más de 29.000 investigaciones

Cada mes se reciben en estaciones de policía, comisarías de familias y Bienestar Familiar, más de 3.000 denuncias, en otras paladas por día son más de 100 las investigaciones que tienen que adelantarse, y no se detiene

La coordinadora de esta unidad, la fiscal, Jazmín Cruz, aseguró  a Caracol Radio que ante esta avalancha de investigaciones pendientes, los pocos investigadores apenas pueden cumplir con las diligencias

"El fiscal de indagación que es el que más atiende el público se reparte entre atender a la señora y escuchar su conflictividad y orientarla e impulsar los proceso, de ahí que es poco  el tiempo que queda para impulsar las investigaciones, pero se hace el mayor de los esfuerzos para poder cumplir con la tarea"

El 95 por ciento de los investigados en estos casos son hombre, las mujeres aunque en poca proporción, también son denunciadas, pero algo que llama la atención es que un grupo de al menos 200 adultos mayores tienen en vueltas a sus hijos por no colaborar con su manutención

“También tenemos algunos casos donde es el menor de edad, denuncia una situación de abandono, es una forma de violencia y cuando son adultos denuncian ese abandono que se traduce en la cuota de alimentos o unos bienes para subsistir”

Para la Fiscalía el lio está en lo garantista del sistema, los abogados e implicados, se acomodan a las excusas y le sacan provecho a la congestión judicial, buscan prescribir las investigaciones. “El problema insisto es un tema de ley, el sistema penal de nosotros es garantista y todo el mundo lo sabe, eso de público conocimiento, nosotros no podemos hacer más allá de lo que está en la ley, pero si tratamos de luchar con las herramientas que tenemos”

El escenario es más grave si los investigados demuestran que no tienen dinero para responder por los hijos que dejan, la ley los ampara para que no paguen ni con cárcel, ni con nada, una forma legal de impunidad, como dicen las propias víctimas

“Con las personas que no tienen esa condición económica, que escasamente pueden subsistir, pues la vía final no tiene tipificado una forma de sancionar, porque al no reunirse los requisitos la conducta deja de ser penal”Jazmín Cruz, la fiscal, asegura que el colapso judicial en estas investigaciones es un problema social, de descomposición, de falta de educación y pérdida de valores

“Logramos más reconstruyendo una familia, indemnizando un menor antes de un proceso que penal, de una sentencia condenatoria, porque muchas veces con la sentencia condenatoria el papá se va preso y puede salir libre una vez cumpla su pena y volvemos al problema porque el señor con antecedentes difícilmente va conseguir empleo”

En la Fiscalía se calcula que por lo menos en cuatro principales ciudades, como Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, hay más de 100.000 investigaciones por inasistencia alimentaria, todas por resolver. En Bogotá de las 29.000, sólo 1.055 han sido resueltas, 732 por preclusión, 280 condenados y 43 por absolución

En septiembre se prepara una brigada de imputación de cargos, 700 casos se llevaran ante los jueces, para definir situación jurídica de los implicados, eso sino aparece un paro judicial

“Es un tema que hemos llamado brigada de imputaciones que es un en forma masiva para imputar en los jueces de control de garantías casos y tratar de terminar procesos”

La “denuncitis” de inasistencia alimentaria en la mayoría de los casos obedece según la fiscal Cruz, a desinformación, en otros casos a venganzas entre parejas y hasta previos acuerdos entre las partes

Según la Fiscalía hay otras herramientas jurídicas y civiles para conciliar una cuota alimentaria y solucionar las dificultades familiares, diferentes a la acción penal.