EPS y Estado deben dinero a 14 clínicas y hospitales de Antioquia

“La deuda de la Alianza 14 + 1 asciende a un billón de pesos al 30 de junio de 2014, estamos en una situación crítica, y en el límite para seguir con nuestra misión. Exigimos del Gobierno que dé ejemplo en el pago de sus propias deudas, las cuales representan el 40 % del total del billón, o sea más de 400.000 millones de pesos debe el Gobierno”, precisó Carlos Andrés Arroyave Arango, jefe de facturación del Hospital San Vicente Fundación.  El resto de la deuda está conformada por entidades privadas como Eps y aseguradoras que suman cerca de 600.000 millones de pesos. Además de los 71.000 millones de las entidades liquidadas que aún el Gobierno no ejerce mecanismo alguno para los pagos pendientes de las mismas

 “Por favor, no nos digan que nos van a dictar más normas, no necesitamos más, las tenemos todas, solamente necesitamos que se cumplan, además, la Superintendencia Nacional de Salud necesitamos que ejerza la rectoría para que este sector se dinamice, nosotros necesitamos que intervenga la autoridad, aquí nosotros estamos solos”, reclamó Luis Guillermo Saldarriaga, jefe de la división administrativa del Hospital Pablo Tobón Uribe

 Confirmaron que, a la fecha, cuatro unidades de servicios de obstetricia y pediatría han sido cerradas, y, por ello, se ha generado una sobredemanda en las demás entidades prestadoras del servicio, y advirtieron que si no hay una atención oportuna de la crisis financiera, el sistema llegará al colapso

 “Nos preocupa mucho que no llegue el dinero en forma oportuna porque eso nos obliga a comprometer la calidad en los servicios; además, podemos llegar a quedar mal con proveedores, de hecho se han dilatado pagos; afortunadamente las nóminas aún no han sido afectadas, pero es el paso siguiente, nosotros estamos muy preocupados porque puede haber una crisis, un colapso en la prestación del servicio”, advirtió en Caracol Radio, Mauricio Jaramillo Merino, director Clínica Ces.   Medidas claras para impactar la situación, es la petición especial al Gobierno Nacional y a los entes de control, una decisión inmediata que admiten tiene en vilo el futuro de la atención en salud de los usuarios.