Lupa a cesión de contrato del servicio de patios y grúas en Bogotá

El Ministerio Público le solicitó al liquidador de la sociedad Ponce de León y Asociados S.A. para que informe sobre los avances del proceso de cesión del contratoLa Procuraduría General de la Nación anunció que va analizar y evaluar el trámite de cesión del contrato de concesión suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y la sociedad Ponce de León y Asociados S.A., empresa que se encuentra en proceso de liquidación, cuyo objeto es la prestación del servicio de patios para vehículos particulares y grúas para la ciudad de Bogotá, realizó una serie de recomendaciones

 Para el organismo disciplinario es necesario establecer si los hechos relacionados con el trámite de cesión de dicho contrato podrían constituir falta disciplinaria, por posible desconocimiento de las reglas contenidas en el mismo pacto contractual, el Estatuto General de la Contratación Pública, las normas que lo modifican y adicionan, y demás disposiciones legales que puedan verse vulneradas con las conductas señaladas

 Indica además que una vez decretada la apertura del proceso de liquidación del concesionario, no se encuentra justificación alguna por parte de la Secretaría de Movilidad para no dar aplicación a una de las cláusulas del contrato, al configurarse una de las causales de terminación unilateral del mismo

"Para el Ministerio Público es importante aclarar por qué la Secretaría Distrital de Movilidad solicitó a la Superintendencia de Sociedades decretar la continuidad del contrato de concesión referido, con el único argumento de garantizar la prestación del servicio, sin que se evidenciara la existencia de estudios para determinar la conveniencia de continuar la ejecución del mismo, o de estructurar un nuevo proceso de selección acorde a las condiciones reales del mercado", señala la Procuraduría

Agrega además que "llama la atención al ente de control que la Secretaría de Movilidad de manera reiterada manifestó que la unión temporal Segrup no cumplía las calidades exigidas en el pliego de condiciones de la licitación, posición que cambió radicalmente a partir del 31 de julio de 2013, aduciendo que llenaba las condiciones exigidas en el pliego necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual, circunstancia que podría llegar a desconocer los fines de la contratación, los principios de transparencia, economía, responsabilidad y el deber de selección objetiva y la libre concurrencia".