Estado colombiano se para de la mesa en la CIDH
Gobierno se reservó opiniones sobre temas de restricción a derechos políticos en Colombia.
El Gobierno de Colombia ha decidido no participar en una audiencia temática sobre ‘Restricción a Derechos Políticos”, que había sido convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo de sesiones semestrales que está en curso
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Aunque la audiencia, en teoría, no se concentraba sobre la destitución del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el Gobierno argumentó que las opiniones de fondo que pudiera emitir tendrían un efecto sobre un caso en curso al interior de la Comisión
Se trata de una demanda que avanza en el denominado Sistema de Peticiones, en el cual los comisionados de la CIDH comenzaron con una serie de deliberaciones que podrían desencadenar en un informe de fondo para determinar si se presentó una violación a los derechos humanos bajo los parámetros del Sistema Interamericano. Este tipo de procedimientos dan resultado en el largo plazo, y además pueden motivar el envío del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos dictámenes, a diferencia de la CIDH, sí se consideran vinculantes
La demanda en el Sistema de Peticiones es una herramienta distinta a las medidas cautelares, que la CIDH pidió para Petro el pasado 20 de marzo, y que el presidente Juan Manuel Santos desatendió por considerar que el ordenamiento jurídico interno colombiano había funcionado
“Participar en esta audiencia podría tener una incidencia directa sobre el proceso”, declaró Adriana Guillén, directora de la Unidad de Defensa Jurídica del Estado. Por eso al comienzo tanto Guillén como el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, presentaron un par de conceptos cortos y luego se retiraron de la sala junto con el resto de la comitiva del Estado. Sin embargo, la audiencia no se canceló, pues los comisionados procedieron a escuchar los argumentos de los peticionarios, entre los cuales estaba Rafael Barrios, abogado que lideró la defensa de Petro en la CIDH. Llamó también la atención que el comisionado brasileño, Pablo Vannucci, uno de los siete que votó a favor de conceder medidas cautelares para el alcalde Petro, preguntó a los peticionarios sobre las condiciones en Colombia para que comience un debate en torno a los poderes de la Procuraduría, que puede destituir a funcionarios de elección popular.