La palabra acatamiento no existe, las medidas no son obligatorias: Holguín

La canciller María Ángela Holguín, al explicar por qué el Gobierno Santos no aceptó la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de suspender el proceso de destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que no se puede hablar de desacato porque lo que hizo la CIDH fue hacer una solicitud y no dar una orden

Sostuvo la ministra que las medidas cautelares no hacen parte de la convención de San José, sino que hacen parte del reglamento de la CIDH que es aprobado por los comisionados, por lo que no se puede hablar de un mandato a los estados que ratificaron las convención

Holguín aseguró que el texto de la decisión le solicita al país, pero en ninguna parte advierte que lo obliga o requiere para que se tomen una medidas cautelares

 “Aquí la palabra acatamiento no existe porque no hay, ningún tipo de vinculación, no son vinculantes ni obligatorias para el Estado colombiano”, precisó la canciller al explicar que en el pasado se acataron otras medidas cautelares de la CIDH porque estaba en riesgo la vida y la integridad personal de los peticionarios y no se trata de derechos políticos como en el caso del alcalde Petro

Indicó que en los casos en que la corte ha aceptado las solicitudes de protección se trata de fallos individuales que siempre buscan proteger derechos fundamentales, como el de la vida

Sobre el caso Petro indicó que en 5 oportunidades el gobierno informó a la CIDH de la actuación de la justicia colombiana que falló 300 tutelas presentadas contra la sanción de la Procuraduría

“Luego no podemos permitir que un tribunal internacional, que es subsidiario y es complementario al procedimiento jurídico interno, venga a tomar decisiones o a solicitar que tomemos decisiones cuando la justicia colombiana está funcionando y ha funcionado”, insistió la canciller en declaraciones a la prensa.