Piden reglamentar coordinación entre justicias aborigen y ordinaria

El director del programa gubernamental, Gabriel Muyuy, preciso que se hace urgente reglamentar la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia ordinaria a propósito del caso de la niña de 13 años del pueblo Embera Chamí del resguardo indígena San Lorenzo, de Riosucio (Caldas); que fue, presuntamente abusada por un joven universitario indígena de 26 años

La petición fue hecha a raíz del fallo de la Corte Constitucional, en donde señaló que las poblaciones indígenas tienen derecho a administrar su justicia propia y que, por tanto, sus miembros deben ser juzgados por sus autoridades, de acuerdo con sus normas, usos y costumbres

Sin embargo, el Programa Presidencial Indígena precisa que ante la decisión del máximo tribunal, la justicia aborigen, debe operar con celeridad y bajo los tres criterios que la Corte expresó y que su juez natural debe garantizar: “integridad, salud y supervivencia, tal como lo expresa el máximo tribunal constitucional”

“De no suceder así, esto sería un grave precedente para el ejercicio del derecho a la autonomía y la jurisdicción especial de los pueblos indígenas. Lo que debe tener presente el juez es el interés por asegurar su integridad, su salud, su supervivencia, bajo el entendido de que el menor indígena es guardián de saberes ancestrales y de valores culturales”, señaló Muyuy. Puntualizó que ante la polémica generada en el país, “es urgente establecer mecanismos de coordinación entre los dos sistemas de justicia, ordenado por el Artículo 246 desde la Constitución Política de 1991”

Finalmente también conminó a las autoridades y pueblos indígenas invitándoles para construir las mínimas reglas, de manera consensuada, para la creación de un mecanismo que les permita afrontar adecuadamente estos casos cuando se presenten en sus territorios; ya que al interior de muchas de ellas, no existen parámetros claros para tramitar este tipo de situaciones sobrevinientes