Defensoría insiste en emergencia social luego de fallo en cárceles por hacinamiento

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que acuda a la figura constitucional de “la declaratoria de emergencia social”, teniendo en cuenta 2 tutelas que fallaron a su favor y que ordenan tomar acciones en las cárceles de Riohacha y Palmira por hacinamiento superior al 400%

Otálora insistió en que “no es suficiente con la crisis carcelaria decretada”, luego de los fallos de tutela interpuestas por el hacinamiento de más de 4 veces su capacidad en la cárcel de Riohacha en la Guajira, así como la sobrepoblación de más de 160% en la cárcel de Palmira en el Valle del Cauca, que obligan al Inpec a tomar acciones para mejorar las condiciones de estos 2 centros penitenciarios

La cárcel de Riohacha registra el mayor nivel de hacinamiento de todas las cárceles del país, por lo que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, ordenó “abstenerse de remitir o recibir internos de otros centros penitenciarios y carcelarios hasta tanto no se verifiquen las condiciones mínimas de las que da cuenta el estatuto penitenciario”

Así mismo obliga a diseñar un plan de redistribución de la población carcelaria con miras a descongestionar el establecimiento, al igual que mejorar las condiciones de las instalaciones, los servicios de agua potable y salud, además de la implementación de programas de estudio y trabajo para los reclusos

Todo lo anterior teniendo en cuenta la denuncia del defensor del Pueblo, quien además del hacinamiento evidenció “las condiciones de insalubridad, la falta de agua e higiene en la preparación de los alimentos, la precariedad de la infraestructura del establecimiento, la inadecuada atención en salud y la carencia de programas de estudio y trabajo que permitan la resocialización”

Mediante otra acción judicial, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga ordenó al Ministerio de Justicia y al Inpec definir un plan para que en un plazo de dos años en caso de remodelación o ampliación del penal o tres años si se construye uno nuevo, reubicar a los internos, al igual que mejorar las condiciones de salubridad y atención médica de los mismos