Intelectuales apoyan a Piedad Córdoba en su búsqueda de levantar la sanción de 18 años

Un grupo de intelectuales de diversos orígenes, oficios y modalidades, redactaron y firmaron una carta dirigida a la comunidad internacional, pero principalmente a las autoridades colombianas destacando a los magistrados de la Corte Constitucional, en la que piden se reconsidere la determinación que, según la misiva, sería equivocada hacia la exsenadora Piedad Córdoba

Los intelectuales justifican esta carta haciendo alusión a las informaciones de prensa que según ellos, el alto tribunal dictaría un fallo adverso a la Acción de Tutela instaurada por la excongresista luego que la Procuraduría la sancionó con 18 años de prohibición para ejercer cargos públicos

Posteriormente en la carta afirman: La destitución e inhabilitación que le impusieron nos pareció y nos parece un exabrupto jurídico, ético y político, basado en pruebas manipuladas, como judicialmente está confirmado

La carta en mansión se consigna en seguida:El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el ex Director General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, y más de 200 intelectuales, escritores/as, periodistas, defensores/as de derechos humanos y dirigentes políticos de Europa y América Latina,respaldan a Piedad Córdoba ante la Corte Constitucional de Colombia3 de abril de 2013A la opinión pública mundial, a las autoridades colombianas, en especial a los Magistrados de la Corte Constitucional

Quienes firmamos esta carta, la dirigimos con profundo respeto y al tiempo con la convicción moral y el derecho que nos asiste para expresar nuestra solidaridad y señalar la gravedad de una decisión equivocada en contra de los derechos no sólo de la dirigente política Piedad Córdoba Ruíz sino de los derechos colectivos del pueblo colombiano a construir la paz

Lo hacemos con la alarma causada por la información de prensa que da cuenta de la posibilidad de que el alto Tribunal constitucional pueda decidir negativamente la acción de tutela interpuesta por la ex Senadora Piedad Córdoba contra la decisión injusta e ilegítima dictada en 2010, hace dos años y medio, por el Procurador General de Colombia, en la que, desbordando su competencia, determinó sancionarla por 18 años, decretando una muerte política, a quien había sido legítimamente elegida por una parte importante de mujeres y hombres de Colombia

La destitución e inhabilitación que le impusieron nos pareció y nos parece un exabrupto jurídico, ético y político, basado en pruebas manipuladas, como judicialmente está confirmado, con elementos obtenidos ilegalmente en una operación militar violatoria de los más elementales principios del derecho internacional y de los derechos humanos, al vejar la soberanía de un país vecino y amigo como es Ecuador, en la que con poderosos bombardeos se consumó una matanza tras la cual fueron recogidos unos ordenadores en los que supuestamente unos correos indicarían una indebida relación de Piedad Córdoba con la guerrilla de las FARC

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Colombia (18 de Mayo de 2011), determinó que el contenido demostrativo de esos elementos en archivos estáticos que no ligan un origen con un destino es ilegal: “Los documentos electrónicos hallados en los ordenadores de “Raúl Reyes” fueron recogidos por miembros de las Fuerzas Armadas colombianas, durante una inspección que hicieron en territorio ecuatoriano sin consultar con las autoridades de ese país, desatendiendo frontalmente el “debido proceso” que gobierna la producción de pruebas en el exterior, además de que quienes así procedieron ni siquiera tenían facultades de policía judicial”

La presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el conjunto de las garantías y del debido proceso no sólo se estarían violando de manera radical con una decisión que la hallara culpable, sino que se estaría violando su derecho y con ella el de una amplia parte de la población colombiana, a construir y participar activamente de la paz, tal y como lo reconocen instrumentos jurídicos suscritos por el Estado colombiano

La decisión del Procurador, insistimos, no sólo viola los derechos políticos de Piedad Córdoba sino de los colombianos y las colombianas que votaron por ella como representante política. El derecho a ser elegido y a elegir, protegido irrestrictamente, como lo establece el articulo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados, señala la posibilidad de limitarlo por condena emitida por juez competente en un proceso penal, lo cual en absoluto no ha ocurrido, ni siquiera siendo llamada a un evento o instancia de tal naturaleza, lo cual prueba la arbitrariedad del acto del Procurador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que si la sanción es aplicada por un órgano distinto a un juez penal competente o no se aplicó como consecuencia de un proceso penal en el que se hubieran cumplido las garantías previstas para la protección del debido proceso, se estaría incurriendo en una clara violación de los derechos a elegir del pueblo colombiano y a ser elegida de Piedad Córdoba, generando o pudiendo demandarse la responsabilidad del Estado colombiano

Se estaría enviando un claro mensaje de obstrucción política y persecución, no sólo de la persona que puso en riesgo su vida para mediar y obtener la liberación de decenas de civiles y militares en manos de la guerrilla, como lo hizo exitosamente en una delicada tarea de años, reconocida mundialmente, sino de todos los que tienen como objetivo el cese de la violencia. En ello consistieron sus contactos y oficios, dentro de un trato político que contribuyó al indiscutible escenario que hoy día tenemos, el de un vivo y esperanzador proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC

Un tal mensaje de castigo es un mensaje de condena de ese proceso, pues si hoy se ahoga la participación de una destacada personalidad como Piedad Córdoba, en la vida política de su país en igualdad de condiciones ¿con qué garantías podrá contar esa gran parte del pueblo colombiano tradicionalmente excluida del poder político? Esa muerte política que equivale a una pena extrema que rompe con el avance del Estado de Derecho en Colombia, esa criminalización resultante, reforzaría lo que judicialmente ya ha sido comprobado en expedientes que obran contra redes y estructuras comprometidas en crímenes de lesa humanidad. Que por todos los medios, incluyendo atentados contra su vida y de sus asesores, interceptaciones de sus comunicaciones, hostigamiento y amenazas, ha existido un propósito espurio contra Piedad Córdoba. Confiamos que una justa decisión de la Corte Constitucional no les de la razón a quienes acudiendo a diversidad de métodos oprobiosos han buscado apartarla de las opciones y alternativas políticas a las que el pueblo colombiano tiene derecho para el logro de la paz

Expectantes en que sabrán acoger dicha acción de tutela, y que conforme al ordenamiento legal colombiano se tendrán esas pruebas como violatorias del debido proceso, por lo tanto plenamente nulas, confiamos y demandamos con respeto que se le restituya a Piedad Córdoba Ruiz todos sus derechos políticos, su condición de Senadora de la República, cesando así este capítulo deshonroso de persecución política y de intolerancia inadmisible

Por tanto, quienes suscribimos esta misiva pública desde la comunidad internacional, hacemos un llamado a la Corte Constitucional de Colombia, para que reestablezca la justicia, conscientes de los efectos no sólo hacia su persona y electores, sino de lo que significa política e históricamente para enaltecer así el servicio de la juridicidad a la vocación de paz y reconciliación, incompatibles con el quebrantamiento de los derechos fundamentales y de costosos principios de civilización como son la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso y el ejercicio pleno de los derechos políticos

Atentamente,Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Presidente SERPAJ-Argentina, miembro de la Comisión Ética para ColombiaFederico Mayor Zaragoza, Ex Director General de la UNESCO, ex Ministro, Presidente Fundación Cultura de Paz, EspañaHeike Hänsel, Parlamentaria de Die Linke, presidenta de la Subcomisión de Naciones Unidas del Bundestag, AlemaniaMirta Acuña de Baravalle, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Abuela de Plaza de Mayo, Miembro de la Comisión Ética para ColombiaCayo Lara Moya, Coordinador Federal de Izquierda Unida, Diputado, Presidente del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA, Congreso de los Diputados, EspañaJosé Luis Centella Gómez, Secretario General del Partido Comunista de España, CE, Diputado, Portavoz del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, EspañaFrançois Houtart, sacerdote, sociólogo, profesor emérito Universidad de Lovaina, BélgicaCarlos Fernández Liria, filósofo, profesor Universidad Complutense de Madrid – EspañaJoan Josep Nuet i Pujals, Coordinador General de Esquerra Unida i Alternativa, Diputado IU Barcelona, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA, congreso de los Diputados, EspañaRicardo Sixto Iglesias, Diputado IU Valencia, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, EspañaBelén Gopegui, escritora, EspañaSantiago Alba Rico, escritor, filósofo, Túnez, EspañaAgustín Velloso Santisteban, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor universitario y escritor, EspañaIsaac Rosa, escritor, EspañaConstantino Bértolo, escritor, editor, EspañaÁngel Guerra Cabrera, Cuba/México, periodista y catedrático

Stephen Haymes, Universidad de Paul, Chicago, Estados UnidosGaspar Llamazares Trigo, Diputado IU Asturias, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, EspañaAscensión de las Heras Ladera, Diputada IU Madrid, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, congreso de los Diputados, EspañaCaridad García Álvarez, Diputada IU Madrid, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, EspañaAlberto Garzón Espinosa, Diputado IU Málaga, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, EspañaChesus Yuste Cabello, Diputado CHA Zaragoza, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, EspañaLaia Ortiz Castellví, Diputada ICV Barcelona, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, EspañaEnrique Santiago Romero, abogado, jurista experto en derechos humanos y derecho internacionalGilberto López y Rivas, Profesor-Investigador, Instituto Nacional de Antropología e Historia, MéxicoPaul Ríos, Coordinador de Lokarri, red ciudadana por la paz en el País Vasco

Aitziber Blanco, Lokarri, red ciudadana por la paz en el País Vasco

Juan Domingo Sánchez Estop, escritor, Bruselas, BélgicaRené Vázquez Díaz, escritor, Suecia

Igor Urrutikoetxea, Secretario de Relaciones Internacionales de la Central sindical vasca LAB y miembro del Consejo Presidencial de la Federación Sindical MundialFabio Marcelli, investigador Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales del Consejo Nacional de Investigación, Director de la Asociación de Abogados Demócratas y miembro del Bureau de la Asociación InternacionalJulie Cánovas, Doctora, jurista experta en derecho internacional, Universidad de Borgoña, FranciaSalvador López Arnal, profesor, escritor, Catalunya, EspañaGabriela Morales Gracia, jurista mexicana, experta en derechos humanosAntonio Salamanca Serrano, escritor, doctor en filosofía y derecho, experto en derechos humanos, España / EcuadorMario Amorós, periodista, historiador, escritor, EspañaSteven Forti, periodista e investigador en Historia Contemporánea, Universitat Autònoma de Barcelona, EspañaUnai Aranzadi, Director de la agencia informativa Independent Docs, SueciaXabi Puerta, escritor y productor, Presidente de la Asociación Cultural Alfonso SastreJoaquim Arrufat Ibáñez, diputado de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa d'Esquerres al Parlament de CatalunyaCarolina del Olmo, Directora de Cultura del Círculo de Bellas Artes, MadridIñaki Markiegi Candina, Presidente Fundación MundubatPatricia Rivas Bufala, Periodista, EspañaFausto Gianelli, abogado, experto en derecho internacional, Módena, ItaliaAmaia Izko, abogada, portavoz de Sortu, País VascoJosé Antonio Gutiérrez D., Analista Político, Latin American Solidarity Centre, Dublín, IrlandaAdolfo Araiz Flamarique, Abogado, Tafalla, País Vasco, EspañaLuix Barinagarrementeria Abogado, Donosita, País VascoJosé Mari Esparza, Editorial Txalaparta, Tafalla, País Vasco, EspañaIñaki Soto, Director diario Gara, País VascoJoseba Álvarez, dirigente político, Portu, País VascoIratxe Urízar, Behatokia, Observatorio Vasco de Derechos HumanosJon Iñarritu, Diputado Amaiur, Congreso de los Diputados, EspañaIker Urbina, Diputado Amaiur, Congreso de los Diputados, EspañaAmalur Mendizábal, Senadora Amaiur, Senado de EspañaJosé Manuel Mariscal Cifuentes, Senador Izquierda Unida, Senado de EspañaUrko Aiartza, Senador Amaiur, Senado de EspañaFrancisco Bello, Informativo digital Iniciativa Debate, EspañaCarlos Alberto Ruiz, jurista, experto en derechos humanos, EspañaMarina Albiol Guzmán, Diputada de Esquerra Unida en Les Corts Valencianes

Javier Moya, CEDSALA, Coordinación Valenciana de Solidaridad con ColombiaBernardino Camilo da Silva - Abogado del Movimiento Sin Tierra – MST, BrasilCarlos Fazio, catedrático Universidad Autónoma de Méjico - UNAM, Méjico, Grupo Paz con Democracia, México y Red en Defensa de la HumanidadLorenzo Loncon, dirigente pueblo Mapuche, ArgentinaElizabeth Deligio, Charity Ryerson, Escuela de las Americas Watch, SOA WatchTica Font, Comisión Ética de la VerdadValerie Techer, France Amerique LatineSiguen más de 140 firmas