Uaesp financió por 10 años la licitación de las basuras con dineros de tarifas de los bogotanos

Por un control excepcional que le dio el Congreso a la Contraloría General, el ente realizó una auditoría al proceso licitatorio de basuras de Bogotá, que lleva cinco años sin poder adjudicarlos con las nuevas características ambientales y técnicas que exige la ley

Entre los hallazgos del ente de control se encuentran dos de carácter fiscal y cinco de carácter disciplinario, que ya fueron remitidos a la Procuraduría, en las actuaciones que ha tenido la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp

Las exdirectoras de la Uaesp: Gloria Lucía Ospina, Victoria Eugenia Virviescas y Miriam Martínez deberán responder ante la Contraloría General por los hallazgos fiscales en los fallidos intentos de licitación para entregar el servicio de recolección de basuras en Bogotá

Lo primero que evidencia la Contraloría es que los pagos para la estructuración del proceso licitatorio con dineros de la Bolsa General del Esquema de Aseo, proceso que nunca pudo efectuarse por problemas precisamente en los pliegos del contrato

Según la Contraloría, se efectuaron pagos durante el tiempo comprendido entre septiembre de 2003 y febrero de 2011, por una cuantía de $38.875 millones, para sufragar costos relacionados con actividades de planeación, supervisión y control del servicio de aseo, lo que ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y la Contraloría no puede ser posible, pues la Unidad Administrativa no puede percibir recursos de las tarifas para cubrir actividades ese tipo de actividades

El otro hallazgo fiscal tiene que ver con que los bogotanos han pagado por el desorden en las basuras 76.000 millones de pesos, más de lo que debían pagar por el servicio básico

Cuentas de la Uaesp dejan ver que en el último año de prórroga del contrato a los operadores, los usuarios retribuyeron una cuantía aproximada de $365.422 millones, en tanto que en el nuevo esquema tarifario que debía ponerse en marcha, el recaudo sería aproximadamente de $289.061 millones, lo que significa una reducción promedio de la tarifa a pagar por el usuario del 20.9%.