En su último testamento Pinochet sólo cambiaba la persona encargada de cumplir su última voluntad

El fallecido dictador chileno Augusto Pinochet elaboró en 2005 un último testamento, que al ser abierto hoy en un Juzgado Civil de Santiago sólo desveló un cambio de albacea, es decir la Persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la última voluntad del finado, custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponde según la herenciaAsí lo reveló a los periodistas, tras la diligencia, el abogado Alvaro Quintanilla, del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que es querellante en el juicio relativo al origen de la fortuna del dictador (1973-1990). En el documento, que modificaba un testamento anterior, elaborado por Pinochet el año 2000, sólo se cambiaba al albacea, Óscar Aitken, que renunciaba a tal función, por Julia Hormazábal, precisó el abogado del CDE, organismo que había solicitado la apertura del documento, para conocer exactamente los bienes del dictador. Los bienes, entre los que se cuentan propiedades inmuebles y vehículos, están actualmente embargados por la Justicia, lo mismo que 2,6 millones de dólares depositados en el Banco de Chile y otros documentos de un banco estadounidense. Quintanilla dijo que el CDE pedirá ahora la apertura del testamento original y recordó que si al morir, el 10 de diciembre de 2006, Pinochet tenía deudas con el Estado, legalmente las mismas se traspasan a sus herederos. Las propiedades de Pinochet incluyen casas en el barrio santiaguino de Lo Barnechea, una parcela en la localidad costera de Quintero, una casa en las afueras de Santiago, la finca "Los Boldos", donde están depositadas sus cenizas y apartamentos en Reñaca, Iquique, Valparaíso y Santiago y tres automóviles. La investigación judicial determinó que la fortuna de Pinochet supera los 26 millones de dólares, de los que sólo dos millones tienen una justificación contable. Al fallecer, Pinochet estaba procesado por fraude al Fisco y uso de pasaportes falsos y desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de caudales públicos