Procuraduría se opone al preacuerdo y la condena a Julio Gómez
La Procuraduría anunció que pedirá la nulidad de la condena de cinco años al contratista Julio Gómez, vinculado en el proceso del carrusel de la contratación en Bogotá.
Por no devolver la totalidad de los dineros apropiados de forma ilegal y porque no se imputaron todos los delitos de los cuales sería responsable el contratista Julio Gómez, la Procuraduría pidió que se anule el preacuerdo y la condena de cinco años de cárcel dentro del escándalo por el multimillonario detrimento patrimonial que se dio en el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá
El recurso que fue interpuesto por la determinación tomada por el juez 40 Penal del Circuito, que condenó a Héctor Julio Gómez González a 60 meses de prisión y multa de 68 millones de pesos, luego de un preacuerdo firmado con la Fiscalía
Según se conoció, la Procuraduría estima que los dineros que debe devolver el contratista son del orden de los 51 mil millones de pesos y no 68 millones , como se aprobó en el preacuerdo
El Ministerio Público se opuso a dicho preacuerdo al considerar que no pueden existir imputaciones preacordadas, que no se había reintegrado la totalidad del dinero del incremento patrimonial y que no se habían imputado una serie de conductas punibles
A Julio Gómez se le atribuyen los delitos de peculado por apropiación en calidad de interviniente, concierto para delinquir en calidad de autor e interés indebido en la celebración de contratos en calidad de interviniente, por haber concertado con varios funcionarios del IDU el manejo irregular de la contratación de Bogotá, logrando que se le adjudicaran una serie de contratos de la malla vial y de valorización, además de la supuesta manipulación de los pliegos de condiciones y evaluaciones de los contratos
De igual forma, logró que presuntamente los señores Nule le pagaran una suma de dinero por la gestión realizada para que no se declarara desierta la licitación que finalmente terminó con la firma del contrato número 137 para la construcción de la fase III de Transmilenio
El acuerdo pactado se determinó por tres razones fundantes: la aceptación de la totalidad de los cargos desde el momento mismo en que fueron atribuidos; la devolución del anticipo, como el reintegro de toda la suma de dinero que fue cuantificada como valor del peculado cometido; y, el explícito compromiso de colaboración con la administración de justicia interviniendo como testigo de cargo.
