Procuraduría investiga a cinco exfuncionarios de Antioquia por posibles irregularidades en contratos

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra cinco ex funcionarios de las administraciones de los municipios de Ciudad Bolívar, Santa Bárbara y Jericó, por posible celebración indebida de contratos, falsedad en documento público e inobservancia de los principios que rigen la contratación estatal, entre otros

Dos de los investigados son el ex alcalde de ciudad Bolívar, Jorge Eliécer Montoya Zapata y el ex secretario Educación, Cultura y Turismo de ese mismo municipio, Juan Álvaro Vélez Tobón

Las pruebas recaudadas evidencian posibles irregularidades contractuales en cinco órdenes de prestación de servicios para capacitar a docentes de educación básica primaria, secundaria y media, suscritas por el señor Montoya Zapata en el mes de abril de 2011 y cuya interventoría estuvo a cargo del señor Vélez Tobón

Mediante proceso verbal, la Procuraduría también investiga al ex secretario de Gobierno de Santa Bárbara, William Antonio Quintana Upegui, por el posible incumplimiento de las funciones y deberes al actuar como interventor de un contrato por más de 400 millones entre el municipio y un particular, y en desarrollo del cual se contrató a varias personas sin el cumplimiento de los requisitos legales, lo que generó la falta de pago a siete contratistas por el trabajo realizado durante tres meses y medio

De otra parte La Procuraduría informó que había proferido pliego de cargos contra la señora Ruby del Socorro Gómez Garcés, en su condición de auxiliar administrativa de la Tesorería municipal de Jericó entre enero y mayo del 2008El material probatorio evidenció que la ex funcionaria al parecer mediante transferencias bancarias, trasladó más de 23 millones 300 mil pesos del municipio, a su cuenta personal

En versión libre la investigada aceptó su conducta y señaló que tomó en préstamo la mencionada suma para sufragar los gastos del arreglo de su casa mientras el municipio le cancelaba las cesantías equivalentes a 17 años de labores

El ente de Control considera que aunque la funcionaria reintegró el dinero al fisco municipal mediante tres depósitos bancarios por valor total de 26.702.000, podría estar incursa en el delito de peculado por apropiación, y en abuso y extralimitación de funciones, falta calificada como gravísima y dolosa