Fallo del Consejo de Estado evitaría a la Nación el pago de 48 billones de pesos

El Consejo de Estado respaldó las medidas adoptadas por la Superintendencia Financiera en 2007 para hacer frente a la proliferación de las llamadas captadoras ilegales

El fallo del alto tribunal se presentó ante la demanda que había interpuesto la sociedad Grupo DMG

Esta nueva decisión de la justicia colombiana, junto con el fallo proferido en diciembre pasado por la Procuraduría General de la Nación, constituyen precedentes muy valiosos en la defensa de los intereses del Estado en el caso de las demandas presentadas por supuestos perjuicios en las denominadas pirámides y cuyas pretensiones superan los $48 billones de pesos

Para el Consejo de Estado, la Superfinanciera respetó el debido proceso y valoró adecuadamentelas pruebas, por lo que decidió negar todas las pretensiones de la demanda interpuesta por la sociedad Grupo DMG S.A. En su fallo, el Alto Tribunal señaló que a través de esta actividad se incurrió en “una funesta forma de captación masiva y habitual de dineros del público, sin contar con la debida autorización”

Al analizar la operación realizada por la Sociedad Grupo DMG S.A., consistente en la venta de las denominadas “tarjetas prepago”, la Alta Corporación confirmó que “recibir recursos del público en forma masiva y habitual sin que exista de por medio como contraprestación exclusiva el suministro de bienes y servicios, configura una captación ilegal de dineros del público”

Consideró además que la libertad económica y la iniciativa privada, no son absolutas, pues la propia Constitución las limita en función de proteger el bien común y el interés general, que para el caso concreto se materializa en la protección del ahorro del público representado por “unos ‘ahorradores o inversionistas’ que cayeron en las garras de DMG, que los esquilmó sin piedad, y pretendía seguir haciéndolo”.