Gobierno desconoce paradero de 8 mil desmovilizados que podrían perder beneficios jurídicos

Alejandro Eder reveló que ocho mil desmovilizados podrían ser juzgados por delitos de lesa humanidad si no reactivan su proceso de reintegración.

El alto consejero para la Reintegración, Alejandro Eder, reveló que aproximadamente ocho mil desmovilizados de las autodefensas podrían ser juzgados por delitos de lesa humanidad si no reactivan su proceso de reintegración ante la justicia

“De estas 26 mil personas hay 8 mil que no están en el proceso, es importante que ellos nos contacten para poder acceder a la Ley porque si no lo hacen antes de diciembre de este año perderán su libertad, eso sería muy grave para ellos y para el país”, indicó Eder

El funcionario agregó que “la fecha límite es el 28 de diciembre y sino acuden antes tendrán que responder ante la justicia por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de cometer delitos de lesa humanidad, lo cual trae consigo una pena importante, ellos no podrán acceder a los beneficios de la Ley y podrán perder su libertad”

El Alto Consejero para la Reintegración indicó que se calcula que de esos 8000 desmovilizados, 16 por ciento han vuelto a actividades criminales, incluso a engrosar las filas de las bandas criminales

Señaló que lo mas importante en este momento es que los desmovilizados en la AUC que no están activos contacten a la Alta Consejera para retomar su proceso de reintegración o para recibir el certificado de que lo culminaron de manera exitosa, para esto pueden llamar a la línea gratuita 01 8000 91 15 16

Gobierno aspira a que en seis años se supere proceso de judicialización de desmovilizados rasosEn seis años se prevé que el proceso de reintegración de los 25 mil desmovilizados rasos pueda concluir y sus procesos sean cerrados, según informó el Gobierno

Esta ley permite que los desmovilizados rasos, o sea, los miembros de las tropas de las autodefensas no paguen condenas en la cárcel por el único delito por el que serán investigados y condenados: el de pertenecer a un grupo ilegal. Para lograr este beneficio, se deben comprometer en tres aspectos: reparar a sus víctimas con sus bienes o con trabajo comunitario, no volver a delinquir y contar toda la verdad. El director de justicia transicional del Gobierno, Miguel Samper, explicó que las confesiones que los desmovilizados hagan no serán usadas en su contra, pero sí contra quienes hayan sido sus cómplices ó terceros

“La información no podrá ser usada contra otros miembros del grupo armado al margen de la ley, pero sí contra terceros que no sean parte del grupo, para garantizar el proceso de quienes sí se acogieron a la ley”, explicó el funcionario

Hay plazo hasta diciembre para suscribir estos compromisos ante la consejería de reintegración de la Presidencia. Si llega a fallar en solo uno, la Fiscalía queda habilitada para emitir una orden de captura, suspender el proceso y que su condena la pague en una cárcel

“Si vuelven a delinquir o no cumplen con los requisitos, se le levantan estos beneficios que son condicionados”, explicó Samper

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