Unificación del sistema de seguridad de víctimas comenzará a regir este lunes

El presidente Juan Manuel Santos y el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, firmarán un decreto que unifica todos los sistemas de protección

Esto incluye medidas individuales a los líderes de tierras

Además, se prevé que la entrega de las pruebas sobre los riesgos de las personas que serán beneficiadas por la ley, se haga en lugares protegidos por las autoridades y por el Gobierno

También se prevé que le quiten los esquemas de protección a quienes llevan con éstos más de 20 años y ya no los necesitan, para entregárselos a personas que si están bajo verdadero riesgo

Parapolíticos condenados indemnizarán a las víctimas de la violenciaCon la ley de reparación a victimas que se sanciona hoy, los funcionarios públicos condenados por nexos con las autodefensas o por las guerrillas deberán pagar económicamente al fondo de reparación el apoyo que entregaron a los grupos ilegales

Según el articulado de la ley que hoy promulgará el presidente Juan Manuel Santos, el juez que lleve el caso debe abrir un "incidente de reparación" donde se cuantificará el daño hecho por los funcionarios a las víctimas

Si el daño no es cuantificable, el juez deberá poner un precio y obligar al funcionario cancelar esa deuda

Así mismo, en el caso de las empresas que hayan sido colaboradoras con los grupos ilegales, el representante legal de la misma, si es encontrado culpable del hecho, deberá pagar al fondo de reparación. Pero la empresa también deberá ayudar a entregar el dinero

Hasta 12 años de prisión pagarán quienes se hagan pasar por víctimasLa Ley de Víctimas, que será sancionada hoy por el presidente Juan Manuel Santos, prevé duros castigos para quienes se hagan pasar por afectados por la violencia y se incluyan en el registro de beneficiados

En el articulado se especifica que habrá penas entre 8 hasta 12 años de prisión para quienes se registren en cualquier oficina de la Procuraduría

La 'falsa víctima' será procesada por detrimento al Estado y quitarle la posibilidad a 4 millones de personas para acceder a la reparación.