Aprueban 71 artículos de la ley de seguridad ciudadana

La alteración teléfonos celulares será castigada con penas de prisión de hasta ocho años, según la ley de seguridad ciudadana aprobada en su mayor parte.

La alteración de aparatos de telefonía celular será castigada con penas de prisión entre seis y ocho años y multas hasta de 700 salarios mínimos, según la ley de seguridad ciudadana aprobada en su mayor parte, en último debate, por la Cámara de Representantes

La plenaria de la corporación legislativa votó el artículo que establece que quien manipule, reprograme, remarque o modifique los terminales móviles de los servicios de comunicaciones en cualquiera de sus componentes, con el fin de alterar las bases de datos positivas y negativas que se crearán para el efecto y que administrará la entidad regulatoria correspondiente, incurrirá en prisión de seis a ocho años

La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones debe crear dichas bases, con la identificación de celulares, así como establecer las obligaciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, comercializadores, distribuidores o cualquier comerciante de equipos terminales móviles, y las relativas al reporte de la información de identificación de dichos equipos ante la CRC y al suministro de esta información a los usuarios

“De esa manera se sabe qué aparato es legal y cual va contra las normas y debe ser inutilizado tecnológicamente”, dijo el coordinador de ponentes del proyecto, el representante guajiro Alfredo Deluque

Dentro de los 71 artículos aprobados se incluye que impone penas entre 10 y 17 años de cárcel a quienes utilicen o induzcan a menores de edad a la comisión de delitos, en una nueva figura introducida en el Código Penal. Se aprobó además la aplicación de penas entre los 13 y los 22 años de cárcel a quienes financien el terrorismo y grupos de delincuencia organizada

El tráfico de flora y fauna también recibirá un endurecimiento de penas, que puede llegas hasta los 11 años de cárcel y multas hasta de 35.000 salarios mínimos por lucrarse ilegalmente con los recursos naturales. Delitos como el tráfico ilícito de autopartes y la venta ilegal de medicamentos serán duramente sancionados. Y quien fabrique, trafique o porte armas de fuego o municiones, incurrirá en prisión de 9 a 11 años, mientras que el lavado de activos aumenta la pena a 30 años

El proyecto inicialmente puesto a consideración de la Cámara para último debate contempla 99 artículos, pero hay varios propuestos como adicionales

Una subcomisión de congresistas de los diferentes sectores políticos acordará con el ministerio del Interior unos textos definitivos del articulado que falta, para someterlo a la plenaria en la tarde del próximo lunes.

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