'No podíamos amarrar a Ingrid Betancourt': General Pérez

Un nuevo elemento dejaría sin piso la tesis de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, sobre la supuesta responsabilidad del Estado en su secuestro en febrero de 2002. Se trata del testimonio del ex comandante de la Decimosegunda Brigada del ejército, el general William Pérez, quien desvirtuó que las autoridades le hubieran retirado la escolta a la dirigente, el día mismo en que fue secuestrada por las Farc cuando viajaba por carretera a San Vicente del Caguán. En diálogo con 6am de caracol Radio el alto oficial hizo varias precisiones en el sentido de que las autoridades militares y de policía advirtieron una y otra vez a Ingrid Betancourt sobre el alto riesgo que implicaba entrar a la antigua zona de distensión, debido a la presencia de guerrilla en la zona y a los combates que se adelantaban durante la recuperación del área

"Ella misma decidió quedarse sin escolta en el momento en que omitió las advertencias que le hizo el ejército en 2 retenes por los que pasó su caravana", recordó el general Pérez, quien para esa época era el responsable del orden público en Caquetá

Relató además que una reportera francesa que acompañaba a la ex senadora y su jefe de escoltas, el capitán de la Policía Jaime Barrera Hoyos, se abstuvieron de continuar ante las advertencias y el evidente riesgo para sus vidas

Según esta versión, tampoco es cierto que se le hubiera ofrecido transporte en helicóptero, debido a que la ley prohíbe a los funcionarios públicos utilizar los recursos del Estado en favor de un candidato en campaña, so pena de incurrir en participación en política. Otra precisión que hace el general Pérez es que él mismo le sugirió a Ingrid Betancourt que viajara en avión comercial de Satena. Interrogado sobre la razón por la que a Ingrid Betancourt le permitieron continuar pese a los riesgos en la carretera hacia San Vicente del Caguán, el oficial explicó que no se podía limitar su derecho a la libre movilización. "No podíamos amarrarla", puntualizó. El oficial finalizó anotando que la procuraduría fue diligente e hizo la investigación de los hechos en septiembre de 2002 con la unidad de derechos humanos que recopiló toda la información en 42 folios