La resocialización de los jóvenes infractores no se cumple en Bogotá

Seria dudas se presentan con el proceso de resocialización de los menores de edad infractores de la Ley que son conducidos a los tres Centros de Reeducación que funcionan en Bogotá

Unos seiscientos jóvenes entre los 14 y 18 años implicados en casos de homicidios, hurtos, fleteos, porte y tráfico de drogas, son conducidos a los Centros de Reeducación con El Redentor

Estos establecimientos, según la Nueva Ley de Infancia, operan bajo la responsabilidad Bienestar Familiar y de los Padres Capuchinos, quien le ofrecen atención social, médica y educación

Los Centros de Reeducación no son cárceles, ni en ellos opera el régimen penitenciario

Sin embargo, la resocialización no llega a ser efectiva como lo demuestra el elevado número de casos reincidentes, por el creciente fenómeno del pandillismo, la delincuencia organizada y la violencia camuflada en la barras del fútbol

La Comandante de la Policía de Infancia mayor Amparo Garzón, llamó la atención sobre la necesidad de una mayor inversión por parte del Estado para garantizar la resocialización de los menores

Explicó que en lo que tiene que ver con la Policía, se les ofrece afecto y atención, en el entendido que se trata de jóvenes formados en ambientes salpicados por la violencia y el delito

"Estos niños no saben lo que es una caricia de sus familiares, no saben lo que representa un abrazo o una mirada de afecto", dijo la mayor Garzón, al señalar que la delincuencia juvenil no es simplemente un problema policiaco o judicial

Uno de los agentes investigadores que participa en el seguimiento y retención de los menores infractores manifiesta que cada semana entran y salen jóvenes con tres o cuatro homicidios, graves casos de hurtos o porte y tráfico de armas

Diariamente unos veinte menores son retenidos por su vinculación en hechos delictivos en Bogotá. Pero las autoridades alertan que el fenómeno de la delincuencia juvenil es una bomba de tiempo que obliga compromiso del Estado y de la sociedad para garantizar los procesos de resocialización