Desalojos a habitantes de la calle no pueden violar derechos fundamentales

El pronunciamiento fue hecho por la Corte Constitucional al estudiar un caso en Ibagué de una mujer que perdió su trabajo, no pudo pagar el arriendo de una pieza y ella se vio obligada a construir un "cambuche" de bolsas de basura y cartones en la vía publica de donde fue desalojada

Las autoridades le dijeron a la mujer que para ser reubicada, debía tener un grupo familiar, ingresos menores a cuatro salarios mínimos y abrir una cuenta de ahorro programado

La Corte señala que las medidas de desalojo del espacio deben estar precedidas por un cuidadoso estudio y evaluación de las condiciones y características de la realidad social de cada caso en particular

Ante esta situación la Corte ordena buscar con policía y cada quince días a la señora, Rosa Elena Higuera, para hacerla participe de los subsidios de salud y de vivienda, además de orientarla para inscribirla y que obtengan los auxilios a las personas en estado de indigencia

“La administración local previo a la diligencia de desalojo debió en primer término informar a la actora los diferentes planes establecidos tanto por le gobierno central como por el municipio para la protección y auxilio de las personas en estado de indigencia para posteriormente adelantar los tramites relativos a la inscripción de la accionante en los citados programas así como plantear la posible reubicación de la actora”

La Corte Constitucional señaló que si bien es cierto el Estado tiene la obligación constitucional de velar por la protección del espacio público, la administración debe propender porque la preservación del interés colectivo no obligue a las personas afectadas por sus condiciones físicas y económicas, a soportar una carga indebida y desproporcionada

En este caso la Corte ordena a la Alcaldía Municipal de Ibagué, que dentro de 48 horas verifique si la desalojada se ha acercado a las diferentes dependencias para solicitar auxilios de salud y vivienda.