Juristas dividen opiniones en torno a un posible 'carcelazo de Uribe'

Expertos constitucionalistas señalan que el presidente debe cumplir como cualquier ciudadano y otros piensan que su fuero no le permitiría pagar el arresto de tres días que le impusieron tres conjueces de Sincelejo por el desacato a una tutela. El ex presidente de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes señala que la acción de tutela se puede dirigir contra cualquier servidor público, que haya violado o amenazado los derechos humanos contra cualquier persona. "El presidente de la República no está al margen de la Acción de Tutela ni por encima de la Constitución Política, pero al mismo tiempo los jueces de la república deben dar cumplimiento efectivo de la constitución y no pueden actuar arbitrariamente", señaló Cifuentes. "Si los jueces actúan al margen de la constitución se exponen a una acción penal por prevaricato, no tenemos poderes absolutos", agregó Cifuentes. Por su parte el exmagistrado José Gregorio Hernández consideró que no hay mucha viabilidad en la tutela. "Esta tutela está sujeta a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que en un grado de consulta determinará si confirma o no la decisión del Tribunal"

"Veo muy poco viable de que el presidente llegue a pagar esos días de arresto por que él tiene un fuero constitucional, el artículo 199 de la Constitución contemplan que él y los magistrados de altas corporaciones: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y Fiscal General de la Nación; sólo pueden ser juzgados por causas constitucionales por el Senado de las República, previa acusación de la Cámara de representantes", agregó. Señaló que en caso de que la tutela falle en la Corte Suprema a favor de los tres conjueces el presidente Álvaro Uribe no iría a un reclusorio como un ciudadano del común sino que su fuero lo cobija y debe ser el juez quien determine cuál es el sitio de reclusión teniendo en cuenta este fuero. Hernández advirtió que el gobierno debería considerar la posibilidad de efectuar un aumento de salarios de la Rama Judicial.