La Defensoría en el Chocó denuncia confinamiento de comunidades indígenas y afrodescendientes

La Defensoría del Pueblo denunció que grupos armados ilegales y de narcotraficantes rondan la región del municipio Litoral de San Juan en el departamento del Chocó y efectúan asesinatos selectivos y hostigamientos a las comunidades de afrodescendientes e indígenas de esta población. Según una alerta temprana de la Defensoría en esta región del país esta situación está obligando a los pobladores a huir de sus tierras. "La presión y la intimidación que ejercen los grupos armados ilegales sobre campesinos negros e indígenas y sobre las autoridades territoriales que los representa, tienen como propósito la apropiación violenta de grandes extensiones de tierra (incluyendo aquellos territorios utilizados ancestralmente para la agricultura, base de su subsistencia, al igual que las zonas de montaña de riqueza faunística y florística de valores incalculables) con el fin de desarrollar cultivos de uso ilícito y la explotación intensiva de recursos naturales", asegura el informe. "En consecuencia, se encuentran en riesgos de sufrir graves violaciones a los derechos individuales y colectivos aproximadamente 17 comunidades Wounaan habitantes de los resguardos Duraó – Chapie Medio – Chapie Tordo – Santa María de Pangala – Estrella Pangala Taparalito – Loma Alta – Guaimia – San José – Nuevo Pitalito – Burojón – San Bernardo – San Antonio de Togoromá ubicadas sobre los afluentes del río San Juan, por parte de los grupos armados al margen de la Ley," señala el documento. La Defensoría señaló que la grave situación ya ha sido advertida en ocasiones anteriores. "La disputa armada ha afectado a la población civil, a través de infracciones al DIH y violaciones de los Derechos Humanos de los pobladores de la zona, en forma paralela desde diferentes puntos de la cuenca hidrográfica del rio San Juan, situación advertida por la Defensoría del Pueblo en el informe de Riesgo 024 emitido en mayo del 2006 correspondiente a los municipios de Istmina, Medio San Juan y Sipi", dice el informe. El informe también revela que se presentan enfrentamientos entre facciones de las autodefensas y las Farc para ocupar territorios de las comunidades. "Paralelamente, las autodefensas unidas del Norte del Valle, excombatientes que no entregaron sus armas e integrantes de los llamados "Machos" y "Rastrojos" hacían su aparición con el objeto de retomar los territorios que controlaron los ya desmovilizados, para combatir a la guerrilla y a los supuestos auxiliadores, administrar el negocio del narcotráfico, cobrar extorsiones a las explotaciones madereras y mineras, ofrecer seguridad y recibir adhesión de la población", dice el texto. La alerta de la Defensoría deja entrever casos de asesinatos selectivos que han ocurrido en la región sembrando el terror entre los pobladores. "El día 28 de abril del 2008, los cuerpos de 8 pescadores que salieron de Pizarro-Bajo Baudó, Israel Murillo Córdoba, Dimas Emilio Viveros Flores, Jesús Ruiz Zúñiga, Luis Antonio Valencia Ramos, Simono Abadía Asprilla, Cristian N.N. Y Jeisson N.N. fueron encontrados masacrados en cercanías de la Boca de Orpúa con evidentes signos de tortura", "Los hechos descritos, dan cuenta de 3 masacres durante el presente año, que han producido el desplazamiento forzado de 90 personas en el Litoral del San Juan y 69 en el bajo Baudó, en el mismo periodo según cifras de CODHES", precisa la denuncia

Exhortar a las autoridades civiles: Gobernador del Chocó, Alcaldía Municipal del Litoral San Juan, así mismo las autoridades militares, Batallón de Infantería de Marina Alfonso Manosalva Florez de Quibdó, para que adopten medidas que garanticen la seguridad y la convivencia, en particular, acciones encaminadas a garantizar el libre tránsito de bienes y personas, restablecer el orden e instaurar un clima de legalidad y legitimidad, orientado a construir Estado. Igualmente acciones encaminadas a brindar bienestar y óptimas condiciones de vida. La Defensoría finalmente alerta a las autoridades para que implementes planes de protección para las comunidades en peligrio y especialmente para las personas indefensas. "Se recomienda una intervención prioritaria y urgente dirigida a la población infantil y juvenil, enfocada a generar condiciones sociales, culturales, deportivas y recreativas, así como socioeconómicas, en prevención del reclutamiento forzado y como medida de protección frente a eventuales amenazas por parte de grupos armados ilegales", asegura el informe.