Gobierno insiste en tres proyectos que se han hundido en el Congreso
El gobierno insistirá ante el Congreso en una reforma constitucional para penalizar el consumo de dosis mínima de estupefacientes y en otros dos proyectos que no han tenido suerte en las cámaras legislativas en los últimos periodos.
El gobierno insistirá ante el Congreso en una reforma constitucional para penalizar el consumo de dosis mínima de estupefacientes y en otros dos proyectos que no han tenido suerte en las cámaras legislativas en los últimos periodos. Se trata de una contra-reforma a la moción de censura, y de encontrarle soluciones jurídicas a unos 19 mil desmovilizados de las autodefensas que no han resuelto sus problemas con la justicia. El ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, dijo que a pesar de no encontrar el ambiente propicio en el Congreso, el ejecutivo volverá a presentar un proyecto de enmienda a la Carta para sancionar, así sea simbólicamente, el consumo de estupefacientes. Dicha iniciativa ha fracasado en dos oportunidades en el Congreso y tampoco fue aprobada en el fallido referendo constitucional del año 2003. Holguín dijo que también insistirá en la contra-reforma a la figura de la moción de censura, que desde enero pasado está vigente y se extiende a otros funcionarios del gobierno en las escalas nacional, departamental, distrital y local. Los directivos de los partidos políticos le expresaron a Holguín que esa reforma tampoco tiene el mínimo de votos suficientes para ser aprobada. Holguín dijo que en la agenda legislativa también se insistirá en el proyecto para los desmovilizados del paramilitarismo, que durante dos periodos en el Congreso no ha sido estudiada por diferencias conceptuales entre las bancadas de la coalición de gobierno. El ministro dijo que el gobierno persiste en aplicarles la conducta penal del concierto para delinquir simple por la sola pertenencia al grupo irregular, que no es bien vista por varios de los partidos políticos. Anticipó que este miércoles se reunirá con el Procurador General, el fiscal General y el Alto Comisionado de Paz, para tratar de acordar una fórmula que se pueda aplicar a los desmovilizados. En tres controvertidos proyectos que en los últimos meses no han sido considerados por las cámaras legislativas.




