Con acciones de tutela el gobierno intenta anular histórica condena contra la Nación

La Superintendencia Financiera y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, pidieron al Consejo de Estado, mediante acciones de tutela, anular una sentencia proferida por el mismo tribunal, que condenó a la Nación a indemnizar con 226 mil 961 millones de pesos a los antiguos accionistas de Granahorrar. El mencionado establecimiento, de la familia Carrizosa, fue nacionalizado en 1998 y hace un par de años privatizado y fusionado con el BBVA. Los entonces socios mayoritarios del establecimiento financiero demandaron y en sentencia proferida el primero de noviembre del 2007, la Sección Cuarta del Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar la suma mencionada. De acuerdo a la providencia, el Fogafin deberá cancelar la mitad de indemnización y la Superfinanciera la otra parte. Con el argumento de haberse desconocido el derecho al debido proceso porque no se revisaron todas las pruebas, las dos entidades interpusieron ante el mismo Consejo de Estado, cada una por su lado pero con el mismo sustento jurídico, acciones de tutela para que se anule la sentencia de la sección cuarta. El superintendente financiero, César Prado, dijo que ese organismo no cuenta con los recursos presupuestales para cancelar lo que corresponde. “La Superintendencia no contaba ni cuenta aún con una apropiación presupuestal para atender esa sentencia. Lo que se hizo fue solicitarle al Ministerio de Hacienda que se adelantarán los trámites pertinentes y en entre tanto estamos adelantando esta actuación judicial", indicó el funcionario. El superintendente explicó que la presentación de la acción de tutela no suspende los efectos de la sentencia y que por eso se están generando intereses sobre el valor de esa condena. "Pero nosotros no estamos en capacidad de pagar hasta tanto no tengamos una apropiación presupuestal para ese fin", subrayó.