Reviven la sedición como delito aplicable a los paramilitares

El gobierno, la Fiscalía y la mayoría de los ponentes del proyecto de ley para solucionar el problema jurídico de 19 mil paramilitares desmovilizados, acordaron este jueves revivir la propuesta inicial del gobierno para aplicar la figura de la sedición a tales combatientes.
La "resurrección" de la sedición para los paramilitares se logró al acoger el gobierno una propuesta del fiscal Mario Iguarán, quien sostuvo ante el Congreso que la figura es aplicable en casos puntuales por tener móviles políticos.
Al mismo tiempo ratificaron que el proyecto que cursa en las comisiones primeras del Congreso no se extenderá por ningún motivo a personas ajenas al personal raso de los paramilitares desmovilizados dentro del proceso de justicia y paz.
"Se trata de retomar el contenido del artículo 71 de la mencionada ley, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional pero por vicios del forma, y en ese sentido promovieron el debate el presidente uribe y su ministro del Interior", dijo el viceministro de Justicia, Guillermo Francisco Reyes, uno de los asistentes a la reunión.
El senador Hernán Andrade, coordinador de ponentes en el proyecto, dijo que se busca regresar a la tesis del soporte político que sostuvieron los paramilitares cuando se crearon, lo que le da mayores posibilidades de indulto como delito político frente a unos combatientes rasos que se acogieron a una propuesta de paz.
Sin embargo Andrade consideró que la decisión fue acogida por el gobierno, la Fiscalía y los uribistas, lo que originará el marginamiento de los opositores partidos Liberal y Polo Democrático. "Sin duda, esto implica que habrá ponencia dividida", señaló el congresista.
La situación de los desmovilizados
Los 19 mil desmovilizados están en un limbo jurídico tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el artículo de la ley de justicia y paz que les deba el carácter de combatientes políticos. Pero el gobierno resolvió presentar un proyecto de ley para solucionar la situación argumentando que no puede haber delitos políticos en una democracia en la que no hay un conflicto armado.
"Es una institución decimonónica", dijo el presidente Alvaro Uribe Uribe en un consejo comunal de gobierno, y posteriormente presentó un anteproyecto de ley que fue discutido por diferentes instancias.
Sin embargo, de manera sorpresiva, el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, llevó al Congreso un proyecto de ley diferente, calificando a los desmovilizados bajo el delito de concierto para delinquir simple, que permite la excarcelación, la cesación de procedimiento y el indulto.
Ahora, el gobierno y los ponentes retornan a la posición original sobre el delito político de sedición.