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Demócratas y republicanos forjan una alianza para lograr la reforma migratoria

Líderes demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes de EEUU presentaron hoy un proyecto de ley para una reforma migratoria que permitiría la legalización de los inmigrantes indocumentados, en una rara alianza estratégica para sacarla a flote antes de agosto próximo

Líderes demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes de EEUU presentaron hoy un proyecto de ley para una reforma migratoria que permitiría la legalización de los inmigrantes indocumentados, en una rara alianza estratégica para sacarla a flote antes de agosto próximo.

La iniciativa de ley, conocida por su sigla en inglés como "STRIVE", fue presentada como una respuesta humanitaria al escaso control de las fronteras y a la presencia de alrededor de doce millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Conscientes de la aversión a la palabra "amnistía" dentro y fuera del Congreso, los principales promotores de la medida, el demócrata Luis Gutiérrez y el republicano Jeff Flake, enfatizaron en una rueda de prensa que se trata de una medida "viable y justa" para sacar de la sombra a la población clandestina.

"Es un proyecto de ley de seguridad: seguridad nacional, seguridad de las familias y seguridad económica", dijo Gutiérrez.

"Nos permite proteger nuestras fronteras y reformar un sistema migratorio que perjudica a los negocios, a las familias y a las comunidades. Es importante que trabajemos de forma bipartidista para abordar este asunto tan crítico", agregó.

El proyecto de ley Gutiérrez-Flake incluye en sus siete capítulos y 700 páginas una vía a la legalización para millones de indocumentados que entraron al país antes del 1 de junio de 2006.

Esos inmigrantes recibirían una tarjeta temporal para trabajar en EEUU, pero tendrían que salir del país y regresar para completar los trámites de la residencia permanente.

Además, deben cumplir con numerosos requisitos, como un contrato laboral, el pago de una multa de 2.000 dólares -incluidos 500 dólares para trámites-, el pago de impuestos, dominio del inglés y conocimiento de historia del país y no tener antecedentes criminales.

La medida también establece la emisión de 400.000 visas "H-2C" por un período de tres años -y renovable por otros tres- dentro de un "programa de trabajadores nuevos" destinado a futuros inmigrantes que, al igual que el resto, tendrían que pagar 500 dólares y cumplir con una serie de requisitos.

Además, autoriza visas temporales para trabajadores agrícolas y para estudiantes indocumentados.

Al defender la iniciativa, Flake señaló que las leyes de inmigración actuales no se ciñen a la realidad que vive Estados Unidos.

El proyecto legislativo "fortalece la seguridad fronteriza, aumenta el cumplimiento de las leyes al interior del país y crea un programa de trabajadores" que responde a las necesidades del mercado laboral, explicó.

Los republicanos Lincoln y Mario Díaz-Balart señalaron que existe una "convergencia de intereses", ya que la medida contiene todos los elementos que respalda la Casa Blanca y corrige el maltrecho sistema migratorio.

La iniciativa de ley fue presentada en momentos en que diversas localidades del país ponen en marcha sus propias medidas para hacer frente a los inmigrantes "sin papeles".

En tanto, las autoridades federales llevan a cabo redadas en fábricas, sitios de construcción y compañías de servicios en busca de inmigrantes indocumentados, a la vez que presentan multas contra quienes los contratan.

Grupos pro-inmigrantes, como el Foro Nacional de Inmigración y el Consejo Nacional de La Raza, han denunciado en cada foro público el drama humano que deriva del fracaso del sistema migratorio y exigen soluciones al gobierno.

Entusiastas del proyecto, varios legisladores insistieron hoy en que "los planetas se alinearon" y que la reforma migratoria, estancada el año pasado debido a una pugna partidista, podrá ser aprobada este año.

La idea de los congresistas es que el proyecto sea sometido a votación antes del receso legislativo del próximo 3 de agosto, aunque tendrá que ser armonizado con la versión que apruebe el Senado.

Gutiérrez reconoció que, ante el enrarecido clima político en Washington -distraído por asuntos como la guerra en Irak y el escándalo por el despido de ocho fiscales-, se trata de un "ahora o nunca".

El próximo año los legisladores tendrán la vista puesta en los comicios y, para entonces, habrá poco apetito para tocar esta papa caliente.

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