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Persiste el silencio de varios de los firmantes del Acuerdo de Ralito

La mayor parte de los políticos firmantes del acuerdo de Ralito en julio de 2001 siguen sin explicar las razones de su asistencia y de la suscripción del documento que permaneció oculto por más de cinco años

La mayor parte de los políticos firmantes del acuerdo de Ralito en julio de 2001 siguen sin explicar las razones de su asistencia y de la suscripción del documento que permaneció oculto por más de cinco años.
El senador liberal Juan Manuel López Cabrales ha dicho que asistió obligado luego de acudir a una reunión para aclarar las amenazas de muerte proferidas por el comandante paramilitar Salvatore Mancuso. Y que lo pusieron a firmar una hoja de asistencia al acto sin que hubiese conocido documento alguno.
Su colega y adversario Miguel de la Espriella fue el primero en hablar, a finales del año pasado, de la existencia del documento, aunque se abstuvo de revelar nombres. Tras la publicación del acuerdo insiste en que acudió invitado por los comandantes paramilitares.
El entonces representante conservador de Bolívar José María Imbet también sostiene que firmó una hoja en blanco y no un documento. Y explicó que acudió a la reunión invitado por su colega de Córdoba Luis Carlos Ordosgoitia, teniendo en cuenta que hacía parte de la Comisión de Paz de la Cámara.
La única mujer que firmó el documento fue la concejal de Tierralta (Córdoba) Eleonora Pineda, quien en las elecciones siguientes obtuvo más de 80 mil votos para la Cámara. Dijo que acudió voluntariamente, invitada por Mancuso, y firmó un documento que fue leído en voz alta para todos los asistentes, quienes lo firmaron.
Reginaldo Montes, en aquel tiempo representante a la Cámara de Córdoba y hoy senador del partido Cambio Radical, dijo al justificar su presencia en la cumbre del Nudo de Paramillo que "fui a Ralito y nos pusieron a firmar, pero nunca conocimos el documento del que se habla". Sostuvo que acudió a la cita porque un amigo suyo que se negó a asistir a una reunión similar, fue asesinado.
Luis Carlos Ordosgoita (representante a la Cámara por Córdoba) y hasta hace poco director del Instituto de Concesiones, en diciembre del año pasado confirmó la asistencia a la cumbre de Ralito y la suscripción del documento. Pero se negó a dar detalles sobre el mismo y acerca de los asistentes.
Fredy Sánchez Arteaga, liberal, representante a la Cámara durante 20 años y actual aspirante a la gobernación de Córdoba, dijo que viajó a Ralito a una reunión con los entonces jefes paramilitares, pero que fue bajo presión y que jamás ha sido amigo de los grupos al margen de la ley.
Tres congresistas conservadores han mantenido total silencio. El senador William Montes, a quien muchos vinculan por tener nexos con la chancera Enilce López, 'La Gata', hasta el punto que llevó al conservatismo a la controvertida empresaria y a sus hijos.
Como es habitual, Alfonso Campo Escobar (representante del Magdalena y quien por otros hechos relacionados con el paramilitarismo ya rindió indagatoria ante la Corte Suprema), no se ha querido pronunciar sobre el hecho ni responde al teléfono.
Caracol Radio también ha intentado conocer una versión de José de los Santos Negrete, representante de Córdoba y quien por la fecha de la cumbre se desempeñaba como gerente de su partido en la región. Pero no ha respondido a las llamadas.
Igual sucede con el ex representante José Luis Feris Chadid, quien firma el documento como "ganadero", y quien en las elecciones siguientes alcanzara una curul para la Cámara por el departamento de Sucre. Se declaró impedido para votar la ley de Justicia y Paz por ser hermano de Salomón, desmovilizado paramilitar conocido con el alias de 'Comandante 08'. Feris, quien no fue reelegido por el partido Colombia democrática, no responde al teléfono ni aparece en público.
Tampoco se conocen pronunciamientos de Rodrigo Burgos de la Espriella, hoy cónsul colombiano en Ecuador y quien para la fecha de los hechos era el segundo renglón del senador conservador Julio Manzur. Ni del suplente de Reginaldo Montes en la Cámara, Luis Alvarez. Mucho menos del entonces gobernador de Córdoba, José María López, o del controvertido gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, quien huye de la justicia tras ser cobijado por una orden de captura.

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