¿Agoniza la pena de muerte en EEUU?

La pena de muerte ha comenzado a batirse en retirada en EEUU, pero la posibilidad de que sea abolida en un futuro cercano es muy escasa, según los expertos.
El castigo capital sufrió un nuevo golpe esta semana cuando un tribunal de apelaciones de Maryland, siguiendo los pasos de California y Florida, suspendió su aplicación al dictaminar que el manual que regula el proceso en el estado fue aprobado de manera defectuosa.
En un dictamen vinculado al caso del asesino Vernon Evans, el tribunal de Maryland señaló que para la aprobación del manual no se acataron las normas del estado y "no se podrá utilizar hasta que se apruebe debidamente".
Como resultado, el asesino de dos personas en 1983 vio suspendida de forma indefinida su ejecución.
Aunque la razón esgrimida fue un tecnicismo, expertos en la pena de muerte señalaron que es una derrota más para ese castigo criticado por organismos de derechos humanos, locales e internacionales.
El fallo fue emitido un mes antes de iniciarse las sesiones legislativas del estado, lo que significa que el método que consiste en la inyección de tres sustancias letales será sometido a debate antes de que vuelva a emplearse, según fuentes judiciales.
El director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (CIPM), Richard Dieter, indicó en una entrevista con Efe que la decisión en Maryland "pone de manifiesto una enorme preocupación por la aplicación de la inyección".
Ese método ha sido cuestionado por anticonstitucional y causa un "dolor desusadamente cruel e inhumano" al condenado.
La constitucionalidad del método, que sustituyó a la silla eléctrica, ha sido el último recurso usado por abogados defensores para salvar la vida de sus clientes.
Y aunque en muchos casos esos esfuerzos han sido infructuosos, los fallos de la inyección se han sumado a las críticas de los detractores de la pena de muerte que afirman que es racista y hasta regionalista porque se aplica con mayor frecuencia en los estados del sur.
Además, agregan, la condena es muchas veces dictaminada a convictos por la incompetencia de sus abogados con fallos que se descubren cuando el reo ya ha sido ejecutado.
"Esto ha ocurrido en muchos estados como California, Florida, Dakota del Sur, Nueva Jersey y Missouri. Necesitamos resolver el problema, saber más acerca de lo que ocurre", señaló Dieter.
Las ejecuciones con una inyección fueron suspendidas en Florida y en California la semana pasada por considerarse que el método causa un dolor mucho mayor al condenado que lo que se creía hasta ahora.
El gobernador Florida, Jeb Bush, suspendió el castigo en el estado tras la ejecución del convicto puertorriqueño Angel Nieves Díaz, cuya muerte se demoró 34 minutos y fue necesaria una segunda inyección para lograrla.
Este año, el estado de Nueva Jersey suspendió la pena capital para establecer si se aplica de forma justa y determinar si otras opciones, como la cadena perpetua, garantizan la seguridad pública y satisfacen a los familiares de las víctimas.
"Lo ocurrido nos hace abrigar la esperanza de que el ejemplo sea seguido por otros estados, especialmente en el sur donde se aplica con mayor inclemencia", dijo David Elliot, director de la Coalición para Abolir la Pena de Muerte.
En 2000 el entonces gobernador de Illinois, George Ryan, reveló que, además de la inyección letal, el sistema tiene otros problemas.
"Hemos puesto en libertad a más gente que la que hemos ejecutado: 13 han sido exonerados y 12 han sido ejecutados", señaló.
"Existen fallos en el sistema, sin duda, y hay que estudiarlos" y, en consecuencia, no se realizarán ejecuciones, señaló.
Jed Stone, un abogado de Chicago que fue presidente en Illinois de la Coalición contra la Pena de Muerte, dijo que "el público ya no tiene confianza en su sistema judicial que aplica condenas a inocentes".
Aunque los cuestionamientos han crecido, el director ejecutivo de CIPM señala que pasarán muchos años antes de que el castigo capital sea abolido.
"¿Abolirlo? Eso podría ocurrir en un futuro no muy cercano. Al menos ya existe una tendencia hacia su desaparición", indicó.
Desde que la pena de muerte fue restablecida por el Tribunal Supremo en 1976, han sido ejecutadas 1.057 personas, pero el número anual ha venido disminuyendo desde el máximo de 98 registrado en 1999.