Fiscalía dice que no está obligada a permitir el ingreso de víctimas a la versión libre de Mancuso

El vicefiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, dijo que no es el momento para que las víctimas intervengan en la etapa judicial en la que Salvatore Mancuso deberá confesar todos sus crímenes si quiere ser cobijado con la ley de justicia y paz.
Dijo el vicefiscal que las víctimas deberán intervenir en la audiencia pública de juzgamiento en la que deberán hacer valer sus derechos.
Explicó que todo esta listo para realizar la diligencia en a las 8:00 a.m., en el Edificio José Felix Restrepo del Centro Administrativo Judicial, La Alpujarra, de Medellin,
La Fiscalía afirmó que si Mancuso no asiste se interpretará como una negativa a comparecer en el proceso y las investigaciones se desarrollaran bajo la ley ordinaria.
Salvatore Mancuso tiene en la actualidad 20 procesos y una condena de 40 años de prisión, máxima pena estipulada en el código penal, por una masacre perpetrada entre el 19 y 20 de octubre de 1997 donde fueron asesinados 15 campesinos.
Mancuso, reconocido por las autoridades como "Triple Cero", "El Mono" o "Santander Lozada", está sindicado de nueve homicidos y cuatro masacres, hechos que son investigados por fiscales de la unidad de derechos humanos.
Mancuso tiene siete órdenes de captura para rendir indagatoria, ocho medidas de aseguramiento, cinco llamados a juicio, pendiente una apelación, y ha sido absuelto en dos oportunidades porque por el mismo delito ya había sido investigado.
Según se conoció, Mancuso sería el responsable de la masacre de Pichilin, Sucre, en hechos registrados el cuatro de diciembre de 1996 donde fueron asesinadas cuatro personas y por lo cual está cobijado con medida de aseguramiento.
Otras de las masacres en las que ha intervenido como autor intelectual es la de Dabeiba, en Antioquia, donde fueron asesinadas seis personas en noviembre de 1997 y una de las más crueles fue la perpetrada en el municipio de Tibú, Norte de Santander, donde 500 hombres de la autodefensas realizaron varios retenes y asesinaron a un gran número de campesinos el 29 de mayo de 1999.
Así mismo, Mancuso ha tenido que ver con el asesinato de funcionarios como el alcalde de San Jacinto (Bolívar) Carlos Augusto Quirot y también esta vinculado con el asesinato del profesor de la Universidad de Córdoba Álvaro Taborda ocurrido el nueve de enero de 1998; de igual manera es procesado por la muerte del presidente regional de la Unión Sindical Obrera (USO) Auri Saramarrugo y su escolta Enrique Arellano en diciembre de 2002.
Ante esta situación Salvatore Mancuso enfrenta delitos de lesa humanidad, homicidio en persona protegida, toma de rehenes, secuestro extorsivo y homicidio múltiple, factores que deben tenerse en cuenta en momentos que debe definir la situación jurídica tras su desmovilización.