Aseguradoras se declaran en alerta por "mico" en reforma a la Ley Cien

La industria aseguradora del país advirtió sobre las graves consecuencias que provocaría en materia jurídica y económica una norma incluida a última hora en el proyecto de Ley de reforma a la Ley Cien aprobada por las comisiones séptimas del Congreso y que ahora pasó a las plenarias del Senado y Cámara.
Según la propuesta, una vez entre en vigencia la futura Ley, los trabajadores públicos del orden nacional y regional que alcanza el millón de personas, tendrían que ser afiliados obligatoriamente a la Administradora de Riesgos Profesionales del Seguro Social.
En opinión del vicepresidente jurídico de Fasecolda, Gustavo Morales, la norma en mención cambia radicalmente las reglas de juego al sector privado y pone en alto riesgo las inversiones realizadas desde 1993 cuando entró a participar en igualdad de condiciones de competencia en la gestión de la seguridad social.
"Eso genera inestabilidad jurídica e introduce una desigualdad en las condiciones de competencia", indicó el señor Morales quien consideró que la ARP del Seguro Social no requiere de esa clase de ayudas toda vez que es la unidad del ISS que da utilidades, funciona bien y no está en crisis.
Los aseguradores pidieron al Congreso y al gobierno revisar la norma sugerida y archivarla durante el debate en las plenarias.
Incluyendo la ARP del Seguro Social y de la Previsora, en el país operan 14 entidades de esa naturaleza con tres millones 800 mil trabajadores afiliados.