El líder de la banda ilegal Batasuna se presenta ante la justicia

El líder de la banda ilegal Batasuna, Arnaldo Otegi, y otros tres responsables del brazo político de ETA comparecieron hoy ante la Justicia española, en relación con la constitución de su nueva Mesa Nacional u órgano directivo e imputados también de un delito de amenazas terroristas.
Otegi, Jon Gorrotxategi, Karmelo Landa y Rufino Etxebarria se acogieron a su derecho constitucional a no declarar y no respondieron a ninguna de las preguntas que les planteó el magistrado Fernando Grande-Marlaska, indicaron fuentes jurídicas.
El juez no tomará una decisión hasta que comparezcan los otros cuatro responsables de Batasuna citados para mañana jueves: Joseba Permach, Juan Cruz Aldasoro, Pernando Barrena y Joseba Alvarez.
Según fuentes jurídicas, la Fiscalía no pedirá que se imponga a los imputados una fianza o se decrete su ingreso en prisión. Por el contrario, las acusaciones populares personadas en la causa solicitarán la adopción de nuevas medidas cautelares.
Las acusaciones ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la agrupación Dignidad y Justicia anunciaron que pedirán prisión para los ocho, aunque en algún caso podría ser eludible bajo fianza.
Las comparecencias de hoy se vieron perturbadas por el escándalo que montaron al exterior de la sede de la Audiencia Nacional española en Madrid unos dos centenares de ultraderechistas allí congregados, que gritaron contra Otegi, Batasuna y ETA, hasta el punto de que el juez tuvo que suspender la primera de las declaraciones ante el elevado ruido que llegaba a su despacho y trasladarla a una sala de vistas.
En los interrogatorios, el magistrado preguntó a los imputados no sólo sobre la nueva Mesa Nacional de Batasuna, que fue presentada en un acto público en marzo pasado, sino también sobre la entrevista a ETA publicada en mayo en el diario vasco "Gara", utilizado habitualmente por la banda terrorista para sus comunicaciones.
Asimismo, trataron sobre la llamada "comisión negociadora" que, según la formación ilegalizada, debe integrar una Mesa de Partidos constituida por las fuerzas políticas vascas. Esa Mesa tendría como objetivo abordar cuestiones políticas en paralelo a la eventual negociación de paz entre el Gobierno y la dirección de la banda armada, a raíz del alto el fuego permanente anunciado por ETA en marzo pasado.
El juez consideraba que el anuncio de la constitución de la nueva Mesa Nacional podía contravenir la suspensión de actividades de Batasuna decretada en enero, mientras que los otros dos hechos constituirían un delito de amenazas terroristas, pues supondrían condicionar el mantenimiento del alto el fuego a la consecución de determinados fines.
ambién se enmarcarían en este último delito las manifestaciones realizadas la semana pasada por dirigentes de Batasuna como Permach, que advirtió de que, si Grande-Marlaska tomaba alguna decisión contraria a sus intereses, el proceso de paz entraría en una situación de bloqueo.