Comité del Senado rechaza parte de la medida anti-inmigrante de la Cámara Baja

El Comité Judicial del Senado de EEUU decidió mantener la "criminalización" de los inmigrantes indocumentados aprobada por la Cámara Baja y no penalizar a los grupos humanitarios que ayuden a estos extranjeros.
Sin embargo, el Comité Judicial acordó que la "criminalización" no tenga efecto retroactivo y que se aplique únicamente a los extranjeros que entren en EEUU sin "papeles" migratorios a partir de la vigencia de la nueva ley.
El mantener las sanciones criminales a los indocumentados sin efecto retroactivo, incluido en una enmienda del senador demócrata Richard Durbin, fue aprobado por diez votos a favor y siete en contra. La mayoría de los votos contrarios eran de senadores republicanos.
Esta decisión, y la de incorporar 12.000 nuevos agentes a la Patrulla Fronteriza en un período de cinco años -y no de dos años como había aprobado la Cámara Baja en diciembre pasado-, fue aceptada durante el debate final del Comité Judicial sobre una reforma migratoria integral.
El portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, evitó comentar si el presidente George W. Bush vetaría un proyecto de ley que no incluya su programa de trabajadores huéspedes, tras indicar que apenas comienza el proceso legislativo para la reforma.
Cualquier proyecto de ley que salga del Senado tendrá que ser armonizado con el del republicano James Sensenbrenner que aprobó la Cámara de Representantes en diciembre pasado y que convierte en criminales a los inmigrantes indocumentados.
"Tendrá que haber una solución negociada y habrá decisiones difíciles. Pero el presidente cree firmemente que para tener un sistema migratorio racional, ordenado y seguro, tenemos que tener una respuesta integral", dijo McClellan.
El Comité Judicial tiene hasta la medianoche para continuar puliendo el texto final del proyecto de ley de reforma, para así llevarlo a votación a partir de mañana en el pleno del Senado, dijo el senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy.
El líder de la mayoría republicana del Senado, Bill Frist, ha amenazado con presentar su propio proyecto migratorio en el pleno si el comité no cumple con el plazo establecido.
Los legisladores dejaron claro que para no ser sancionados, los grupos religiosos o de otra índole que den cobijo a los indocumentados deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos el no facilitar transporte ni cobrar por sus servicios a esos inmigrantes.
El problema central de la reforma que estudia el Comité Judicial radica en qué hacer con los aproximadamente 12 millones de inmigrantes indocumentados que el Gobierno de Washington y otras fuentes calculan que viven en Estados Unidos.
El senador demócrata Edward Kennedy dijo que "es importante aprobar un plan de trabajadores temporales justo" en beneficio de la agricultura, comercio y otros sectores de la economía estadounidense.
Según Leahy, las recientes movilizaciones pacíficas en todo el país reflejan la necesidad de aprobar una reforma migratoria que reconozca la "dignidad humana de todos".
Añadió que la discusión actual "es difícil porque algunos no quieren una resolución sobre la legalización o no quieren un acercamiento que conduzca a una reforma migratoria exhaustiva".
Tanto Leahy como sus colegas, los senadores demócratas Dianne Feinstein y Kennedy, declararon que ya han hablado ampliamente con los republicanos sobre el beneficio de legalizar a los indocumentados, y el peligro de convertirlos en una clase marginada.
Leahy subrayó la trascendencia de resolver de una vez por todas los graves problemas del sistema migratorio estadounidense y reiteró su apoyo a la iniciativa del senador Kennedy y su colega republicano John McCain que, después de una espera de seis años, abre un camino para la legalización de los inmigrantes indocumentados.
Kennedy-McCain han propuesto que se facilite la obtención de la "tarjeta verde" a los trabajadores indocumentados que paguen una multa de al menos 2.000 dólares, hayan pagado sus impuestos y no tengan antecedentes criminales, entre otros requisitos.
El debate surge en momentos en que muchos senadores, que aspiran a la reelección en noviembre próximo, se ven presionados por grupos conservadores que piden más vigilancia en la frontera y grupos empresariales que necesitan de la mano de obra de los inmigrantes.