El problema de la inmigración ilegal divide a los estadounidenses

La marea de inmigrantes ilegales se ha convertido en un problema más para el Gobierno del presidente de EEUU, George W. Bush, que ha comenzado a ver que también está dividiendo a su propio Partido Republicano.
En un lado de la barrera, junto al presidente, están los empresarios y sectores sindicales que desean mantener un flujo controlado de inmigrantes para cumplir tareas de baja remuneración como limpiadores y recolectores.
En el otro, encabezado por Bill Frist, líder de la mayoría republicana del Senado, se agrupan los republicanos conservadores que desean cerrar la frontera a los indocumentados porque consideran que su entrada es una amenaza para la seguridad del país.
El problema comenzará a ser debatido la próxima semana por el Senado y tanto Bush como Frist, han planteado ideas divergentes sobre la forma de solucionar la situación de unos 12 millones de personas que entran ilegalmente en el país.
El jueves, Bush sugirió al Congreso crear un programa que permita que esos inmigrantes normalicen su situación por un tiempo específico para llevar a cabo tareas determinadas previamente.
Una vez transcurrido el lapso, deberían volver a sus países lo que impediría que adquirieran la residencia legal y la naturalización, en última instancia.
"Si vienen para hacer un trabajo que los estadounidenses no quieren, son bienvenidos por el período necesario para ese trabajo", señaló.
Sin embargo, Frist manifestó que aunque es consciente de la validez de esa posición, le preocupa mucho más la seguridad del país.
Para el senador, lo más importante es mantener la seguridad de las fronteras del país. "Es evidente -agregó- que las drogas y los delincuentes cruzan esas fronteras y también pasa por ellas gente de organizaciones terroristas".
Frist propone aumentar las patrullas fronterizas y castigar a quienes contraten inmigrantes indocumentados.
Pero Larry Reid, líder de la minoría demócrata en el Senado, apuntó que rechazará ese proyecto y ha recibido el apoyo de la senadora Hillary Rodham Clinton.
"Tenemos previstas dos semanas de debate y las vamos a necesitar", señaló una portavoz de Frist al ilustrar las posiciones aparentemente irreconciliables planteadas frente al problema.
Ese debate, que analizará diversas ideas sobre la inmigración ilegal, se celebrará después de que la Cámara de Representantes aprobara un proyecto del republicano James Sensenbrenner que convierte a los indocumentados en criminales y sanciona con cárcel a quienes les ayuden.
El presidente del Partido Demócrata, Howard Dean, acusó a los republicanos de usar a los latinos como "chivo expiatorio" para ganar elecciones y propuso que se apruebe sin demoras una medida que beneficie a los inmigrantes sin papeles.
"Los demócratas nos negamos a apoyar una política que convierta a los inmigrantes hispanos en chivo expiatorio", manifestó.
Bush, que enfrenta una fuerte caída de su popularidad debido a la guerra en Irak, la lucha contra el terrorismo y el déficit presupuestario, recomendó prudencia al Congreso para evitar enfrentamientos en torno al problema.
"Cuando discutamos el problema debe hacerse de manera civilizada, que dignifique el proceso. De forma que no enfrente a la gente", señaló tras reunirse con empresarios y líderes cívicos y religiosos.
En esos momentos, unas 10.000 personas se manifestaban en Milwaukee (estado de Wisconsin) para protestar contra las iniciativas en detrimento de los trabajadores indocumentados.
Algunos grupos de activistas han instado a los hispanos a no hacer compras hoy en el condado de Hall (Georgia) para repudiar una medida estatal que niega los servicios sociales a indocumentados y sanciona a quienes les ayuden.
El lunes, cuando el tema sea considerado por el Comité Judicial del Senado, el presidente asistirá a una ceremonia de naturalización en la capital estadounidense.
En esos momentos, grupos opuestos a la inmigración ilegal que exigen mayores controles fronterizos proyectan convocar manifestaciones en Washington y en la ciudad de Boston (Massachusetts).