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Gobierno ecuatoriano declara estado de excepción en zonas de protestas indígenas

El ministro de Gobierno (Interior) ecuatoriano, Felipe Vega, anunció que con el estado de excepción se limitan "garantías constitucionales". Mientras tanto, el Ejecutivo ecuatoriano trata de desactivar las duras protestas contra el TLC, invocando un plebiscito.

El Gobierno de Ecuador declaró el "estado de emergencia" (excepción) en algunas provincias paralizadas por una protesta de las organizaciones de indígenas, que se oponen al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
El ministro de Gobierno (Interior), Felipe Vega, anunció en rueda de prensa, que con el estado de excepción se limitan "garantías constitucionales".
Además, Vega dijo que será el jefe de operaciones de Tareas Conjuntas de las Fuerzas Armadas, quien tomará el control de la situación.
La medida se aplicará en las provincias de Tungurahua, Imbabura, Chimborazo, Cotopaxi, Cañar, así como en algunos cantones de Pichincha (Tabacundo y Cayambe), cuya capital es Quito.
El objetivo de la medida es "garantizar el libre tránsito" de personas por el territorio nacional, como lo establece la Constitución, añadió el ministro.
Vega indicó que la medida fue adoptada por el presidente de la República, Alfredo Palacio, tras "agotar" todas las posibilidades para persuadir a los indígenas a que pongan fin a la protesta.
El ministro añadió que el decreto "prohíbe una serie de actividades como reuniones públicas", entre otros derechos civiles, y que será el mando militar respectivo el que "toma las previsiones para abrir las vías, para devolver la tranquilidad, la paz a la ciudadanía y evitar enfrentamientos".
Vega precisó que no se ha pedido la detención de ningún dirigente indígena y subrayó que es necesario "un país en paz para trabajar".
Rechazó, además, la presión que ha ejercido la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), y recordó que el TLC es un proceso de negociación que aún no ha concluido.
"El TLC se está jugando en la cancha de las negociaciones, que se inicia el día 23 (en Washington) y vamos a seguir ahí", remarcó el ministro, tras insistir en que no comprende la actitud indígena, cuando aún no se conocen los resultados de la negociación.
La posición del Gobierno, subrayó, es "jugar con soberanía en la mesa de negociaciones y plantear nuestras posiciones respecto a agricultura, propiedad intelectual y medidas fitosanitarias", que son las asignaturas pendientes y más difíciles del proceso.
Vega dijo que, hasta el momento, el Gobierno ha sido "razonable y tolerable", pero ha decidido declarar el estado de excepción, tras una reunión con los dirigentes del gremio de camioneros, que le habían solicitado garantías para transportar mercaderías por el territorio nacional.
La Conaie convocó a las protestas el pasado 12 de marzo, con bloqueos de carreteras que han paralizado a la mayor parte de la sierra andina del país.
Los indígenas han asegurado que no depondrán su protesta hasta que el Gobierno suspenda las negociaciones del TLC, pues consideran que ese tipo de convenios arruina a las naciones pobres, como Ecuador, y beneficia exclusivamente a las poderosas como EEUU.
Palacio intenta desactivar rebelión indígena invocando un plebiscito
El gobier del presidente de Ecuador Alfredo Palacio dio luz verde para que los indígenas que protestan contra el TLC convoquen a una consulta popular sobre el acuerdo, en un intento por frenar la rebelión que se extendió a Quito a través de marchas pacíficas.
"Invito al movimiento indígena a que reúna las firmas como establece la Constitución y proponga la consulta", dijo el ministro de Gobierno, Felipe Vega, tras fracasar en su propósito de diálogo con los líderes aborígenes para poner fin a la protesta que mantiene el bloqueo de vías en varias provincias.
"No decimos simplemente 'No' al TLC, queremos una consulta popular sobre el Tratado de Libre Comercio", dijo por su parte Luis Macas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que agrupa a la mayoría de las etnias.
La Constitución ecuatoriana dice que el 8% de los electores pueden solicitar que se convoque a consulta popular en asuntos que no sean reformas constitucionales.

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