Aplazada indefinidamente una ejecución en California por la negativa de dos médicos

El estado de California canceló de manera indefinida la ejecución de Michael Morales tras notificar que no podía cumplir con la exigencia judicial de que se llevara a cabo con la presencia de personal médico.
La ejecución del preso de 46 años, inicialmente prevista para un minuto después de la medianoche del lunes, provocó una campaña sin precedentes de apelaciones de último minuto que sacaron una vez más a la luz las dudas sobre la condena y su manera de aplicarla.
Se trata de un debate en el que la profesión médica ha cobrado nuevo protagonismo.
Las autoridades de la prisión de San Quintín (en la bahía de San Francisco) donde se encuentra encarcelado Morales, pospusieron la ejecución inicialmente en vista de la negativa de los anestesistas a participar por razones de ética médica.
Mientras tanto, las principales asociaciones médicas y de anestesistas de California y del resto de EEUU mostraron su oposición a que el personal sanitario se encargue de suministrar la mezcla mortal de productos.
Hasta ahora, la mezcla letal había sido administrada por una "mano invisible" a través de un tubo intravenoso en una habitación contigua a la cámara de ejecuciones de la prisión.
Sin embargo, la defensa legal del reo interpuso varios recursos bajo el argumento de que este método de ejecución es desusadamente cruel y, por lo tanto, va en contra de la Constitución.
El juez de San José al que recurrió la defensa, Jeremy Fogel, dio en parte la razón a los abogados.
Fogel expresó preocupación debido a que dos de los tres productos químicos que usa California a veces tardan varios minutos en hacer efecto y parar el corazón del condenado, algo que trató de remediar con la presencia de personal médico en la sala.
Sin embargo, la prisión no ha podido encontrar profesionales médicos con licencia californiana dispuestos a participar en el proceso (doctores, enfermeras u otro personal apto para inyectar medicamentos).
"Nos han informado de que no van a seguir adelante con la ejecución", dijo en anoche Cathy Catterson, empleada en el Tribunal de Apelaciones de San Francisco, en referencia a una notificación del fiscal general de California, Bill Lockyers.
"Por lo tanto, el estado no seguirá adelante con la ejecución", agregó.
Fogel, el juez federal que estableció las directrices para el nuevo protocolo, tiene previsto celebrar una audiencia para aclarar la cuestión el próximo 1 de mayo, por lo que, salvo otro giro legal, la ejecución quedará aplazada al menos hasta ese mes.
La cuestión médica no es el único punto de discrepancia en torno a la ejecución de Morales, condenado a muerte en 1983 por torturar, violar y asesinar a una joven de 17 años en 1981.
La campaña en defensa del reo ha estado rodeada de más giros y revueltas legales de lo habitual.
En buena medida han sido espoleadas por Kenneth Starr, el fiscal que investigó la aventura amorosa que el presidente estadounidense Bill Clinton mantuvo con la becaria de la Casa Blanca Mónica Lewinsky, y que forma parte del equipo de abogados que defienden a Morales.
Uno de los puntos fuertes de la defensa es que el juez que sentenció a Morales en 1983 manifestó después su oposición a la condena ante nuevas pruebas que indicaron que uno de los principales informantes en el caso mintió en su testimonio.
Este informante dijo que Morales le confesó en español que había planeado asesinar a la joven Terri Winchel, de Lodi (California).
Sin embargo, los investigadores concluyeron tiempo después que Morales, que es californiano de cuarta generación, no hablaba español.
De llevarse a cabo la ejecución esta primavera, Morales se convertiría en el decimocuarto reo en ser ejecutado desde la restauración de la pena de muerte en California en 1978.