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EEUU: mejora la interceptación aérea pero de 48 aviones identificados, sólo se controlaron 14 y ya habían aterrizado 4

EEUU y Colombia pusieron en marcha salvaguardas eficaces en el programa de interceptación aérea en el país, aunque éste ha tenido "resultados mixtos" en el combate contra el narcotráfico, según un informe. De las 48 aeronaves identificadas, las autoridades colombianas "tomaron control de sólo 14" y cuatro de éstas ya habían aterrizado

EEUU y Colombia pusieron en marcha salvaguardas eficaces en el programa de interceptación aérea en el país, aunque éste ha tenido "resultados mixtos" en el combate contra el narcotráfico, según un informe.
El programa fue prorrogado por el Gobierno del presidente George W. Bush en agosto pasado, tras determinar que Colombia ha puesto en marcha los "procedimientos adecuados" para evitar la pérdida de vidas en conexión con la operación antinarcóticos.
La Oficina de Contabilidad General (GAO), que es el brazo investigador del Congreso de EEUU, indicó en su informe que el objetivo de las salvaguardas es fortalecer y aclarar los procedimientos de las operaciones, así como mejorar la capacitación del personal.
"Nuestro análisis de los datos disponibles indica que los resultados del programa de interdicción aérea son mixtos, pero el progreso del programa no puede ser evaluado de manera inmediata porque no existen los parámetros ni plazos" para medir su eficacia, dijo el informe de la GAO.
Según los investigadores, el objetivo del programa, que consiste en que la policía nacional de Colombia tome control de aeronaves sospechosas de narcotráfico, "rara vez se logra".
Entre octubre de 2003 y julio de este año, por ejemplo, la Fuerza Aérea de Colombia sólo localizó a 48 aeronaves con actividades sospechosas, de un total de alrededor de 390, indicó el estudio.
De las 48 aeronaves identificadas, las autoridades colombianas "tomaron control de sólo 14" y cuatro de éstas ya habían aterrizado.
Las autoridades lograron confiscar drogas sólo en una de las misiones, agregó el análisis.
La GAO indicó que muchas de las aeronaves vigiladas por las autoridades aterrizan en sitios remotos bajo control de grupos insurgentes, lo que obstaculiza el acceso seguro a la zona.
Otras avionetas sobrevuelan zonas fronterizas con Brasil o Venezuela, lo que dificulta su interceptación debido al forzoso reabastecimiento que deben realizar las autoridades colombianas.
Además, "la Fuerza Aérea rara vez involucra a la policía, excepto al notificarla del inicio de una misión o antes de disparar" contra la aeronave, agregó.
A raíz de la investigación de la GAO y para seguir sus recomendaciones, el Departamento de Estado estudia el establecimiento de parámetros para juzgar la eficacia y logros del programa, indicó el informe.
El programa de interdicción aérea había sido suspendido por Washington en abril de 2001 después de que un avión de la Fuerza Aérea de Perú derribase por error una avioneta civil, lo cual ocasionó la muerte de la misionera Verónica Bowers y su hija de siete meses.
El programa conjunto fue restablecido en agosto de 2003.
Hasta la fecha, EEUU ha dado unos 68 millones de dólares para apoyar las misiones antinarcóticos y tiene previsto entregar otros 26 millones de dólares para el año fiscal 2006.
En un informe paralelo, la GAO elogió las medidas de seguridad que Colombia ha puesto en marcha para minimizar los ataques terroristas en un tramo de 176 kilómetros del oleoducto de Caño Limón-Coveñas, principalmente en el departamento del Arauca.
Desde 2002, Estados Unidos ha aportado unos 99 millones de dólares en equipo y capacitación del Ejército colombiano para proteger al oleoducto, que transporta casi el 20 por ciento de la producción petrolera de Colombia y ha sido blanco de los grupos insurgentes en ese país.
El número de ataques ha disminuido "pero aún persisten retos", como los ataques que sigue habiendo en un tramo desprotegido del oleoducto y la falta de capacitación de los soldados colombianos allí desplazados, dijo la GAO.
La GAO recomendó que el Departamento de Estado elabore un plan de transición para que el programa de seguridad quede en manos de las autoridades colombianas.

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