La Corte Constitucional justifica la Tutela contra decisiones de jueces y magistrados

La Corte Constitucional sentenció que habrá tutela contra sentencias judiciales hasta cuando se unifiquen los parámetros que garanticen la plena protección de los derechos fundamentales de la población frente a las decisiones adoptadas por los jueces.
En el fallo admite que en la carta política establece los límites de la autonomía judicial y reconoce la independencia de los jueces, pero no por ello sus decisiones pueden desligarse de los principios y valores constitucionales.
Con estos argumentos la Corte Constitucional concedió una tutela promovida por Arturo Hernández Tole, contra una decisión que por vía de hecho dictó la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que eximía de responsabilidad por supuesto caso fortuito a la Hidroeléctrica de Betania, que en 1994 por una creciente del río magdalena abrió las compuertas del embalse causando daños materiales en los predios y cultivos del afectado.
Según la sentencia “la imposibilidad de eliminar el error humano no implica que el sistema jurídico tenga que descargar sobre los ciudadanos el potencial errático de quienes administran justicia”, motivo por el cual es razonable comprender en el ordenamiento jurídico la posibilidad de interponer tutela contra sentencias judiciales.
Agrega providencia que de esta forma se permiten unificar los parámetros y lineamientos interpretativos de los derechos fundamentales por parte de un solo ente (la Corte Constitucional), de tal manera que los jueces de tutela, el tribunal constitucional, y todos los entes que administran justicia en el Estado están
obligados a respetarlos y protegerlos.