El día 25 se sabrá si Pinochet es desaforado por el origen de su fortuna

La Corte de Apelaciones de Santiago aplazó para el 25 de mayo la resolución sobre el desafuero del ex dictador Augusto Pinochet, en el marco de la investigación sobre el origen de su fortuna.
Así lo informaron hoy fuentes del tribunal tras una audiencia de cuatro horas, en la que las partes presentaron sus alegatos ante el plenario de jueces.
En la extensa jornada expusieron por los querellantes los abogados del servicio de Impuestos Internos (SII), Rodrigo Véliz, de la Fiscalía, María Teresa Muñoz, de la Fundación Salvador Allende, Víctor Araya, y el abogado de derechos humanos, Alfonso Insunza.
Por la defensa estuvo Pablo Rodríguez, quien reiteró la inocencia del ex dictador chileno (1973-1990), acusado de nueve delitos fiscales.
Los querellantes, en tanto, señalaron que el origen de la fortuna de Pinochet, estimada en 17 millones de dólares por el juez especial Sergio Muñoz, muestra claramente delito de corrupción y fraude al fisco, ya que -agregaron- como militar era imposible que pudiera acumular tal cantidad de dinero y bienes.
El desafuero del ex gobernante de facto en esta causa fue solicitado el pasado 14 de abril por Muñoz, que le imputó nueve delitos cometidos presuntamente durante y después de su régimen (1973-1990).
El magistrado estableció que entre 1980 y 2004 Pinochet cometió fraudes tributarios por más de 5.000 millones de pesos (8,6 millones de dólares), y estableció que su fortuna no explicada asciende a unos 17 millones de dólares.
El juez, que investiga la fortuna de Pinochet desde julio pasado, también consigna que el general en retiro "hizo obtención, confección y utilización de manera fraudulenta" de cinco pasaportes y de certificados de rentas emitidos por la subsecretaría de Guerra del Ministerio de Defensa.
El ex gobernante de facto también es imputado por "negociación incompatible" en la adquisición de terrenos en "El Melocotón", al pie de la Cordillera de Los Andes, a 50 kilómetros de Santiago.
La resolución del juez Muñoz acogió una querella por evasión tributaria del Servicio de Impuestos Internos y también dio curso al requerimiento de los abogados Carmen Hertz y Alfonso Insunza, que acusaron a Pinochet de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles y falsificación de documentos públicos.
Sólo por el delito de evasión tributaria el general jubilado de 89 años puede recibir penas que van desde cinco a diez años de cárcel y una multa de entre el 50 y 300 por ciento del valor evadido.
Muñoz también procesó como cómplices y ordenó la detención de la secretaria privada de Pinochet, Mónica Ananías, y de su ex albacea Oscar Aitken.
El ex dictador además está procesado por su responsabilidad en una decena de asesinatos cometidos dentro de la "Operación Cóndor", el plan ideado y ejecutado por las dictaduras militares del cono sur para acabar con sus opositores en la década de 1970.