Gobierno colombiano incumple compromisos ante la Corte Interamericana, dice ONG

El Gobierno colombiano ha incumplido los compromisos que asumió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger el territorio de unas comunidades negras del noroeste del país, dijeron hoy fuentes humanitarias.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) advirtió en Bogotá de que el Ejecutivo de Alvaro Uribe no ha ordenado que se suspenda un gigantesco proyecto de siembra de palmas de aceite en las tierras de propiedad colectiva de esos asentamientos negros.
Por el contrario, planteó la CIJP, los promotores del proyecto han intensificado desde hace dos semanas la preparación del terreno para nuevas plantaciones en las zonas selváticas de Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento del Chocó.
Además, los lugareños que tratan de defender sus tierras afrontan nuevas amenazas de muerte, según la organización no gubernamental (ONG), que presta asistencia a las comunidades de afrodescendientes de esa región de la frontera noroeste con Panamá.
El comunicado divulgado por la CIJP expresa que la empresa agroindustrial avanza a pesar de que el Gobierno se comprometió el pasado 14 de marzo, en una audiencia sobre el asunto convocada por la CIDH en Costa Rica, a gestionar la suspensión del proyecto.
Al día siguiente, el mismo tribunal de la OEA emitió otra resolución en favor de esas comunidades, lo que incluye el retorno de las familias desplazadas por el proyecto y el respeto a las "zonas humanitarias" que establecieron.
Las comunidades denunciaron en 2001 que su territorio ancestral era usurpado por el proyecto de palmas de aceite, y el caso fue aceptado por la CIDH, que en 2003 dictó "medidas provisionales" en favor de los asentamientos negros.
Pero ni entonces ni ahora se ha proferido una "orden administrativa" para que se detenga el "ecocidio, la expropiación y la imposición del monocultivo en las áreas tituladas a las comunidades y la ofensiva de intimidación y de amenazas de muerte", afirmó la ONG.
La "apropiación ilegal" de las tierras se da "en un escenario de protección paramilitar, de desmovilización (de ultraderechistas) y de la implementación de la Política de Seguridad de Uribe", continuó la misma fuente, que recordó que dichas comunidades han sido víctimas de más de 110 crímenes de lesa humanidad, todos impunes.
La CIJP añadió que tropas del Ejército realizan operaciones en la zona "contra los verdaderos propietarios (de las tierras)" que coinciden con "amenazas de tipo paramilitar" y también de personas vinculadas con las empresas del proyecto, que intimidan a quienes se resisten a que sus fincas sean usurpadas.
"Bastaría una orden del presidente de la República" o de algún otro cargo gubernamental para que se detenga el avance del proyecto, observó la ONG.