Irán rechaza afirmación de un testigo sobre muerte de fotógrafa canadiense

Irán rechazó las afirmaciones de un refugiado iraní en Ottawa en las que aseguraba que una fotógrafa canadiense de origen iraní fue torturada y posiblemente violada antes de su muerte hace dos años en una prisión de este país.
"Son puras mentiras y no tienen ningún fundamento", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hamid Reza Asefi, a quien cita la agencia iraní de noticias, IRNA.
También aseguró que el hospital Baquiyat Ulá, donde el refugiado Shahram Azam dijo que trabajaba cuando la canadiense-iraní Zahra Kazemi fue llevada a ese lugar en estado crítico el 26 de junio del 2003, "informó de que no tenía entre sus médicos ninguna persona con este nombre".
"Con sus mentiras, esta persona (Azam) busca objetivos personales", dijo Asefi, y afirmó que "otras personas habían utilizado el mismo estilo en el pasado pero su mentira fue descubierta posteriormente".
Kazemi, de 54 años, fue arrestada el 23 de junio del 2003 cuando tomaba fotografías de la penitenciaría Evin de Teherán, en cuyas cárceles se recluye a los disidentes.
Azam dijo el viernes en una rueda de prensa en Ottawa que había examinado a Kazemi después que fue llevada al hospital de la Guardia Revolucionaria iraní, y que presentaba golpes en diversas partes, y que al parecer había sido violada además de que se le habían arrancado las uñas de los pies y de las manos.
Añadió que estaba seguro de que esos golpes habían sido causados por torturas, e indicó que una de las enfermeras que atendió a Kazemi, y que intentó insertarle un catéter, informó de que tenía daños en sus partes íntimas.
Las autoridades iraníes habían dicho que la mujer falleció por un ataque cerebral, una versión que después cambiaron asegurando que, tras investigaciones, pudieron determinar que la causa de su muerte fue un golpe en la cabeza al resbalar en el pavimento.
La muerte de Kazemi, ocurrida a principios de julio del 2003, creó una fuerte tensión entre Canadá e Irán.
Esa tensión se incrementó cuando las autoridades judiciales iraníes negaron acceso a representantes canadienses al juicio del presunto torturador de la víctima, un agente secreto del Gobierno de Teherán.